Denuncian a Milei por hacerle perder US$1500 millones al Estado con la falsa quita de retenciones
El Presidente, Luis Caputo y varios miembros del Gabinete están acusados de administración fraudulenta y abuso de autoridad por favorecer una transferencia multimillonaria a los grandes exportadores.
Javier Milei enfrenta un nuevo escándalo judicial: tras la falsa quita de retenciones a los cereales, que se extendió por apenas 48 horas, el Presidente fue denunciado por hacerle perder hasta US$1.500 millones al Estado y beneficiar con ese dinero a los grandes exportadores que aprovecharon la fugaz exención tributaria. El líder libertario se encuentra acusado junto a varios miembros de su Gabinete por los presuntos delitos de administración fraudulenta y abuso de autoridad.
La denuncia se basa en la maniobra perpetrada por el Gobierno Nacional la semana pasada, cuando anunció la baja a cero de las retenciones para cereales y carnes hasta el 31 de octubre o hasta registrar ventas por un monto acumulado de US$7.000 millones, pero dos días después revirtió la medida ya que el tope había sido alcanzado. En ese marco, el escrito señala que un puñado de empresas exportadoras se habrían beneficiado con “entre 1.000 y 1.500 millones de dólares” a costa del Estado Nacional.
La demanda recae sobre Milei y sus funcionarios Guillermo Francos (Jefe de Gabinete), Luis Caputo (Ministro de Economía) y Sergio Iraeta (Secretario de Agricultura y Ganadería) en calidad de autores de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional y abuso de autoridad. Además, aparecen mencionadas como partícipes necesarios las compañías Bunge Argentina SA, LDC Argentina SA, COFCO International Argentina, Viterra Argentina SA y Cargill SACI, presuntas favorecidas por la jugada impositiva.
Además, la denuncia indica que la cifra que habría perdido la Argentina equivale a "alrededor de 10 veces lo asignado oficialmente al Hospital de Pediatría Garrahan para el año que viene". En ese marco, señala que los funcionarios acusados realizaron una "administración infiel" de las herramientas normativas "en perjuicio del Estado y en beneficio de las empresas exportadoras", que "se quedarán con lo que les descuenten a los productores (los verdaderos generadores de la riqueza)".