En Agosto de este año, la defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un informe que daba cuenta de la muerte de al menos siete menores de edad pertenecientes a comunidades Wichis de Salta relevadas sólo entre mayo y junio. Las muertes por desnutrición y falta de acceso al agua potable son una constante en esa provincia, sobre todo en el verano, cuando la situación se vuelve aún más crítica por las altas temperaturas. Ante la inminencia de otra situación similar, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la organización Pata Pila presentaron un nuevo informe esta semana que advierte sobre la existencia de “por lo menos 18 comunidades originarias con gravísimas dificultades para acceder al agua, que afectan los derechos de aproximadamente 4.000 personas, de las cuales 400 son niñas y niños” cuya vida está en riesgo por esa problemática.

“Es urgente que el Poder Ejecutivo de la provincia así como los ministerios con competencia en materia de agua, intervengan y den una solución a esta problemática gravísima de derechos humanos”, exigieron las organizaciones en un fuerte llamado al gobernador Gustavo Sáenz, otrora aliado de Sergio Massa y hoy referenciado en el proyecto presidencial de Horacio Rodríguez Larreta.

ACIJ y Pata Pila, dos las organizaciones con mayor trabajo en ese territorio, presentaron la investigación “Acceso al agua en comunidades indígenas y criollas del municipio de Rivadavia Banda Norte”, que consistió en “encuentros, visitas al territorio y entrevistas en las comunidades” ubicadas sobre la Ruta Provincial N°81, una zona donde las comunidades originarias wichis están siendo acorraladas por el negocio agroexportador, entre cuyos grandes terratenientes se encuentran el ex presidente Mauricio Macri y varios pesos pesados del Pro, tal como dio cuenta Diagonales en una investigación exclusiva.

Denuncian desnutrición y falta de agua potable en comunidades Wichi del Chaco salteño donde Macri tiene 60 mil hectáreas

En esa zona del Chaco salteño, Mauricio y su hermano Gianfranco Macri, junto al ex el secretario Legal y Técnico de la Nación Pablo Clusellas, el ex síndico de SOCMA Leonardo Maffioli y Alejandro Braun Peña, primo del ex jefe de Gabinete Marcos Peña, acumulan 60 mil hectáreas de campo, obtenidas en su mayoría con la venia de los ex gobernadores Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey. Varios de ellos tuvieron litigios con las comunidades y con pequeños productores de la zona, que se vieron acorralados por la extensión de la frontera agropecuaria.

Según la investigación de las organizaciones, en la zona “la crisis hídrica se encuentra totalmente extendida: ninguna de las 9 comunidades visitadas cuenta con red de agua”. “Solamente existe un proyecto para llevar la infraestructura a 3 de ellas y sufre demoras injustificadas de forma constante. Acceden al agua apta para consumo humano mediante camiones cisterna una vez a la semana o cada quince días. Esta situación es irregular e insuficiente y la seguridad del agua se encuentra comprometida, vulnerando las normas del Código Alimentario Argentino”, aseguraron.  

“Las personas de las comunidades señalaron de manera uniforme que el agua que reciben tiene elevados niveles de arsénico, es salada, y produce enfermedades derivadas de su consumo, como diarrea e hinchazón abdominal”, describieron.  

“Además de las comunidades mencionadas en el informe, se pusieron en contacto con las organizaciones de IED otras 9 de diversas zonas de los 3 departamentos declarados en emergencia sociosanitaria. Desde allí denuncian situaciones similares a las anteriores: falta de todo tipo de infraestructura hídrica, insuficiencia de la provisión de emergencia que brinda el Estado de forma irregular e incumplimiento de las obras comprometidas”, advirtieron en la investigación.

Según información oficial de la Provincia, durante el primer trimestre de este año fallecieron en la provincia 79 niñas y niños menores de 5 años, 44 de los departamentos del norte de Salta. Allí, en la zona de Rivadavia Banda Norte, conviven el agronegocio de grandes empresarios y políticos con la situación extrema de las comunidades.

“Este crítico escenario se da en un contexto de crisis sociosanitaria en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia. A casi 3 años de la declaración de emergencia sociosanitaria, y aunque el Estado debía tomar todas las medidas a su disposición para modificar la situación, la falta de acceso a derechos básicos y la mortalidad infantil continúan siendo parte de una realidad cotidiana. El verano es especialmente peligroso”, concluyeron.