Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria denunció ante la Justicia federal a Daniel Parisini, conocido como ‘el Gordo Dan’, Franco Iván Jeremías Antunes Puchol (Fran Fijap), Luciano Cabrera (@ElTrumpista) y a otros usuarios que forman parte del ejército de trolls libertarios, por atentar contra el orden democrático, hacer apología del crimen, intimidación pública y amenazas coactivas, entre otra serie de graves delitos. 

La acción inciada por los legisladores Santiago Cafiero, Cecilia Moreau, Matías Molle, Daniel Arroyo y Leopoldo Moreau se basa en una serie de publicaciones que realizaron los militantes digitales el pasado 10 de julio, luego de que el Senado de la Nación aprobara proyectos de ley para aumentar las jubilaciones, declarar la emergencia en discapacidad y repartir fondos entre las provincias. 

La jornada legislativa significó una fuerte derrota para el oficialismo, que sostiene que todas esas iniciativas ponen en riesgo el "equilibrio fiscal". Por ese motivo, tras la paliza de La Libertad Avanza en el Congreso, los trolls y militantes libertarios salieron a pedir en redes sociales que Javier Milei dinamite en Palacio legislativo con los "diputados y senadores adentro".

“Los tanques a la calle ya”, escribió el Gordo Dan. “Es ahora Javo: Metan todos los tanques adentro del Congreso”, publicó @elpittttt. “El Javo debería organizar milicias populares, entregando armamento a ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso”, expresó @ElTrumpista. “Hay que dinamitar todo el Congreso con diputados y senadores adentro”, exclamó @FranFijap.

Según la denuncia de los legisladores de Unión por la Patria, estas publicaciones constituyen una instigación a cometer delitos, apología del crimen, intimidación pública y amenazas coactivas, figuras penales contempladas en los artículos 209, 212, 213 y 149 bis del Código Penal. 

X de Leopoldo Moreau

Además, aseguran que los mensajes pretenden atentar contra el orden democrático, un delito previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional. A su vez, piden agregar el agravante del art. 210 bis  del Código penal que habla de una amenaza de alzamiento en armas para impedir -al menos temporalmente- el normal ejercicio de las funciones constitucionales asignadas al Honorable Senado de la Nación.

En la presentación judicial, los diputados sostienen que es cierto que la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia, pero que no se trata de un derecho absoluto que permita incitar a la violencia y atentar contra las instituciones democráticas. 

Finalmente, en su denuncia, expresan su preocupación por la estrecha relación de estos militantes con funcionarios de Casa Rosada y el propio presidente Javier Milei. Por ese motivo, reclaman también una serie de medidas periciales y el registro de ingresos de los denunciados a la Casa Rosada y/o a la Quinta Presidencial de Olivos.