como lo había anticipado el propio Gobierno, el vocero presidencial Manuel Adorni y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich presentaron la reforma migratoria.

A días de las elecciones porteñas, el portavoz de Casa Rosada retomó las conferencias diarias con anuncios de índole nacional. Tras confirmar la reducción de aranceles para la importación de celulares, consolas de videojuegos y otros aparatos electrónicos, el funcionario encabezó este miércoles otro anuncio destinado a los votantes más reaccionarios: un paquete de medidas que endurece los requisitos para el ingreso y los trámites de extranjeros y, entre otras cosas, cobra la atención sanitaria a los inmigrantes.

Adorni explicó que los inmigrantes, residentes transitorios y temporales, y "deberán pagar por los servicios de salud" de los hospitales públicos.

Además, informó que todos aquellos que "ingresen a la Argentina tendrán que presentar un seguro médico para garantizar la capacidad pago”.

“Están los inmigrantes que vienen a utilizar servicios públicos gratuitos que no tienen en sus países y que tampoco contribuyeron a financiarlos con sus impuestos”, argumentó Adorni. 

En esa misma línea, el Gobierno habilitará a las universidades públicas a cobrarles a los extranjeros. De todas maneras, el portavoz de Casa Rosada aclaró que la decisión será de casa de estudios. “Se respetará a autonomía universitaria”, señaló.

A su vez, el funcionario afirmó que los trámites y requisitos para otorgar el Documento Nacional de Identidad (DNI) a los extranjeros que vivan en el país “van a ser más severos”. 

La ciudadanía nacional se otorgará a quienes residan de manera continua durante dos años consecutivos en el país, sin abandonar el territorio nacional en ningún momento. “Quienes entren o permanezcan de forma irregular, no van a ser recompensados con la ciudadanía como ocurría hasta ahora”, sentenció Adorni. 

Por otro lado, el proyecto de reforma migratoria comprende una serie de medidas para aumentar el control en las fronteras y permitir la deportación de extranjeros que sean condenados por un delito, sin importar la gravedad del mismo.

“Cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera será rechazado por las autoridades migratorias. Y quienes sean encontrados en flagrancia en pasos no habilitados o miente en cualquier información que propicie su ingreso, serán expulsados”, indicó el vocero.

“Se van a acortar los plazos para los procesos de apelación para las expulsiones, que hoy resultan eternos", subrayó. Y completó: "El que las hace las paga”.