A través de la Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei dio inicio al proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). 

Con la firma del ministro Luis Caputo, la medida establece un plazo de ocho meses para vender todas las acciones del Estado, que tiene el 90% del paquete accionario de la empresa. 

Respecto del 10% restante, la resolución aclaró que continuará en manos de los trabajadores de AySA, dentro del programa de propiedad participada que la compañía ya tiene vigente.

El texto ordena a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas llevar adelante el proceso de privatización, a través de su Unidad Ejecutora Especial Temporaria, e instruye a la Secretaría de Obras Públicas a preparar la documentación técnica y contractual correspondiente.

La agencia encargada del proceso de venta de la empresa pública deberá contratar a un banco estatal para calcular el valor del paquete accionario de AySA, y ejecutar todas las medidas necesarias para concretar la venta en el plazo de ocho meses. 

Para la administración libertaria "la intervención estatal, a través del desarrollo de actividades que pueden ser efectuadas por el sector privado, no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de brindar una solución eficiente y eficaz en la gestión de los servicios públicos, que no conlleve importantes erogaciones para el Estado Nacional".

Bajo esa lógica de que ‘el Estado es malo y lo privado es bueno’, el Gobierno considera que la privatización de AySA va a permitir "mejorar la prestación del servicio de agua y saneamiento en el área concesionada a AySA se requiere un nivel de inversión en infraestructura que excede las posibilidades de generación de fondos de la referida empresa".