Luego de que la Cámara de Diputados rechazara el veto a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Emergencia Pediátrica, el vocero presidencial Manuel Adorni propuso una serie de medidas insólitas y casi revanchistas para financiar el “gasto extra” que significaría implementar estas normas. 

“Habría que despedir 66.550 empleados públicos o suspender el total del subsidio al transporte por un mes”, lanzó en conferencia de prensa para “que se entienda la magnitud”. 

Entre las sugerencias, el portavoz de Casa Rosada planteó que se podría aumentar el IVA, recortar planes sociales o reducir las dietas de diputados para costear la educación y la salud. Llamativamente, entre las alternativas no incluyó ninguna opción que significara tocar la riqueza o aumentar los impuestos sobre grandes contribuyentes, multinacionales y/o actividades extractivistas como la minería. 

“Para poner los números concretos, el monto anual de la ley de financiamiento universitario es del diferencial de 1.9 billones de pesos”, señaló y, en una serie de comparaciones insólitas, remarcó que para costear ese monto “deberíamos, por ejemplo, suspender el presupuesto total del Poder Legislativo por 4 meses". 

"Hay que ver si los diputados y senadores están dispuestos a renunciar a su sueldo durante este tiempo”, chicaneó. “Otra forma de financiarlo, por ejemplo, también es aumentar el impuesto al valor agregado del 21 al 24% por 45 días” agregó. 

También señaló que la inversión (o “el gasto” como lo considera la adminitración libertaria) “equivale a suspender todos los planes sociales por 3 meses para poder financiar la ley o suspender todos los subsidios energéticos por 4 meses”.

“También podemos suspender, si uno tuviese la posibilidad, el presupuesto total del Poder Judicial por 5 años o suspender el total de los subsidios al transporte por 1 año y 6 meses”, completó. 

En fin, lejos de entender el descontento social con las políticas de ajuste, las propuestas del Gobierno para financiar la educación y la salud pública se pueden resumir en recortes sobre los sectores más vulnerables y afectados por la motosierra.