Por iniciativa de la oposición, la Cámara de Diputados de la Nación se prepara para discutir una vez más una Ley de Financiamiento para garantizar el funcionamiento de todas las universidades nacionales. En la previa al debate, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) renueva su reclamo por mayor presupuesto y mejoras salariales con medidas de fuerza y una nueva marcha federal. 

En medio de una crisis sin antecendentes en el sistema universitario, el gremio busca presionar al Congreso para que apruebe la iniciativa. Para ello convocó a un paro nacional de 48 horas para este jueves 26 y viernes 27 de junio, además de una tercera edición de la histórica movilización en defensa de las universidades públicas que se hizo por primera vez el pasado 23 de abril. 

"¡Prendete a defender la universidad pública!", exclama la convocatoria a la marcha federal para el jueves 26 de junio. "Convocamos a toda la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto a sumarse y acompañar este reclamo colectivo en defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad", dice el comunicado de CONADU. 

El gremio que nuclea a docentes universitarios de todo el país sostiene que el proyecto de Ley de Financiamiento que se tratará la semana que viene en Diputados "es fundamental para garantizar el sostenimiento y desarrollo del sistema universitario público argentino" y reclaman "la urgente actualización salarial, ante la persistente falta de respuestas por parte del Gobierno nacional, que continúa clausurando la discusión paritaria".

La propuesta legislativa pretende establecer una meta de inversión universitaria equivalente al 1,5% del PBI para 2031, con aumentos progresivos desde 2026. A su vez, pretende establecer transferencias mensuales automáticas al programa de Desarrollo de la Educación Superior, calculadas en base a los fondos coparticipables nacionales; paritarias trimestrales para docentes y no docentes, con aumentos mensuales atados al índice de inflación; una recomposición salarial retroactiva desde diciembre de 2023.

A su vez, establece una actualización automática de los gastos operativos de las universidades según el Índice de Precios al Consumidor y un fondo de $10.000 millones anuales para carreras estratégicas (como inteligencia artificial), becas estudiantiles, infraestructura, investigación y programas de bienestar.