El acuerdo con el Fondo divide a los movimientos sociales y un sector no marchará en apoyo a Fernández

La mayoría de las organizaciones sociales oficialistas movilizarán con fuerza este martes a la Plaza de los dos Congresos con la premisa de apoyar el discurso de Alberto Fernández frente a la Asamblea Legislativa y para darle impulso en la calle a la agenda de propuestas que el sector de la Economía Popular viene impulsando con fuerza al interior del propio Gobierno. Desde la UTEP, el gremio mayoritario conducido por el Movimiento Evita, confirmaron a Diagonales que esperan aportar al menos 60 mil personas a la columna que también integrará un sector de la CGT y el Partido Justicialista, un marco similar al que apoyó al Presidente el día de la militancia en noviembre pasado, pocos días después de la derrota electoral. 

El encargado de anunciar la marcha fue el jefe de Gabinete, Juan Manzur. “Coincidimos en que ese día debemos acompañar y comprometernos con lo que vinimos a hacer como gobierno en diciembre de 2019: reconstruir la Argentina. Todas y todos podemos sumar nuestra voz y nuestra presencia. Tenemos el desafío enorme de revertir las situaciones de injusticia y desigualdad que viven muchos compatriotas, reconstruyendo (SIC) una Argentina más federal que proyecte desarrollo con inclusión”, posteó el ex gobernador de Tucumán en sus redes sociales. 

Con esa misma premisa, las organizaciones aportarán lo suyo. “Es un momento para bancar”, resume en diálogo con Diagonales el Secretario Gremial de la UTEP y dirigente del Movimiento Evita, Gildo Onorato. “Creemos que es necesario darle un respaldo al Gobierno, que atravesó dos años difíciles con la pandemia y por la herencia del macrismo. Se viene una etapa importante, en la que el acuerdo con el FMI puede aportar estabilidad. En ese marco, tenemos la voluntad de plantear nuestra agenda sectorial, que beneficia a unas seis millones de personas que forman parte de la Economía Popular”, agregó el referente. 

En total son unas 12 propuestas programáticas las que las organizaciones llevarán al Congreso, muchas de las cuales ya son leyes que tienen estado parlamentario y esperan su tratamiento, como el “Programa Nacional Tierra, Techo Y Trabajo” y otras que aguardan su reglamentación o ser extendidas en su plazo de vigencia, como la Ley de Agricultura Familiar. Pero el planteo central tiene que ver con tres ejes: la ampliación del “Monotributo Productivo”, para abarcar a unos 6 millones de trabajadores informales, que debería pasar por ambas cámaras; una política de créditos productivos, a través del INAES; y el diseño de “políticas de comercialización” para el fomento del sector, como las compras por parte del Estado y beneficios para lo mismo por parte del sector privado. “La idea central es impulsar la economía desde abajo para arriba”, explicó Onorato. 

Esas políticas requieren de recursos y precisamente ése fue el origen del contrapunto entre otro de los sectores de las organizaciones sociales, vinculadas a la izquierda, y el ministro de Desarrollo Social, “Juanchi” Zabaleta, la semana pasada. Las organizaciones denunciaron un “ajuste” luego de que el ministro dijera públicamente que cerraba la inscripción al principal programa de ayuda social del Gobierno, el Potenciar Trabajo, para “convertir los planes en trabajo”. 

Desde el sector de la UTEP que se referencia con el Movimiento Evita ponen en cuestión esa discusión. “No hay un ajuste. No hay margen en la sociedad argentina para ese escenario y eso está claro para todos los sectores. Creemos que el acuerdo puede dar estabilidad para volver a crecer. En lugar de dar un testimonio preferimos llevar propuestas concretas”, aseguró al respecto Onorato. 

Las organizaciones que convocan se referencian como el ala más cercana al Presidente, algo similar a lo que sucede con Héctor Daer dentro de la CGT. El Evita, de hecho, llegó a convocar a una movilización en respaldo al Ejecutivo durante la peor crisis política del Frente de Todos, con las cartas de renuncia que presentaron en efecto dominó varios de los principales ministros luego de la derrota en las PASO en septiembre pasado, que fue luego suspendida por el propio Alberto Fernández. 

Pero no todas las organizaciones sociales que forman parte del Frente de Todos movilizarán este martes. La CTA referenciada con Hugo Yaski no convoca, y en la misma vereda se posicionaron el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), de Juan Grabois junto a otras agrupaciones como MP Nuestramérica o el Frente Popular Darío Santillán, que también aportaron funcionarios de segundas líneas a distintos ministerios y organismos del Estado ligados a su trabajo territorial. 

El principal desacuerdo, claro está, tiene que ver con el acuerdo con el fondo. Las organizaciones que rechazaron el convite de este martes marcharán, en cambio, el próximo jueves al Obelisco, bajo la consigna “hay que pagar la deuda interna”. “Nosotros ya habíamos salido a denunciar a las calles incansablemente la deuda y la crisis que se venía incluso antes que el gobierno de Mauricio Macri nos vuelva a atar al Fondo Monetario Internacional y condicione la vida de toda la población, sobre todo la de los y las que menos tenemos, con movilizaciones en todo el país. Hoy ya no podemos cambiar el pasado, pero sí marcar la cancha en el presente para lo que viene”, dijo Dina Sánchez, referenta del Santillán, Dina Sánchez. 

“Creemos indispensable que para hablar de un “acuerdo con el Fondo”, antes se ponga en agenda un Acuerdo con el Pueblo. Que se acuerde el pago de la deuda interna que hay con los y las de abajo”, agregó. 

El principal planteo de ese sector tiene que ver con la creación de un salario básico universal, que reemplace el actual esquema de ayuda social del Gobierno por una especie de ingreso mínimo para todos aquellos que lo necesiten. Al menos en una porción del Ministerio de Desarrollo Social esa idea es atendida, como mínimo. La discusión pasa por cómo utilizar creativamente los recursos disponibles -que están, más allá de algunas denuncias de ajuste- en función de dotar al sector de una mayor formalidad y mayores derechos laborales. Hay experiencias en marcha: algunas cooperativas reciben obra pública y firman convenios con consultoras y empresas privadas, con la idea de ir “blanqueando” el trabajo y “empujar de abajo hacia arriba”, como plantea Onorato. Del otro lado está la idea de Zabaleta, que pasa por los convenios con sindicatos, que tuvo dos pruebas piloto con los gastronómicos y los trabajadores rurales.