El asado más caro de la historia: el Gobierno y las entidades del agro en conflicto abierto

“Mirá, problemas tenemos miles todos los días. Pero bueno, llegaba el fin de semana y alguien decía: “Che, ¿sale asado?” La verdad que empezar a perder esas cosas... ¿Para qué laburamos sino? Lo bueno es que en un tiempito todo esto va a mejorar” decía un spot de campaña del FDT del 3 de julio de 2019, tal vez el más recordado de las últimas campañas electorales. Y no es para menos, el mensaje apuntaba a un aspecto material y simbólico tan sensible como identitario de la sociedad argentina, que se había visto seriamente lesionado por el desastre económico macrista. Su éxito fue tan rotundo como profundo el compromiso asumido con esa sociedad, la vuelta del asado como símbolo de una recuperación económica y de calidad de vida luego de años muy complicados para las mayorías.

Pero lo cierto es que desde el cambio de gobierno esa promesa no sólo está cada vez más lejos de cumplirse, sino que el acceso a ese asado es cada vez más costoso. Actualmente, el precio de un kilo de asado representa el mayor porcentaje de un salario mínimo en la historia, o dicho de otra manera, un salario mínimo compra menos kilos de asado que nunca antes. El asado más caro de la historia. Desde allí hay que entender el recrudecimiento de este martes en la posición del Gobierno, preocupado por el impacto electoral del aumento imparable de los precios de los alimentos, en particular de la carne, y la respuesta de las entidades agropecuarias que redoblaron la apuesta y lanzaron un lock out patronal de una semana a partir del jueves. Un conflicto que amagó a recrudecer en otros momentos de la actual gestión, finalmente parece haberse desencadenado por completo y habrá que ver hasta dónde puede escalar.

“El tema de las carnes se desmadró” sentenció Alberto Fernández justificando la decisión del cierre temporal por 30 días de la exportación de carnes, cuyo objetivo según el Gobierno es “ordenar el funcionamiento del sector, restringir prácticas especulativas, mejorar la trazabilidad de las exportaciones y evitar la evasión fiscal en el comercio exterior". Pero ese desmadre no cayó del cielo ni nació de un repollo. “Hay una actitud por parte del empresariado que es realmente incomprensible” disparó AF apuntándole a la cadena de comercialización de la carne como sector responsable por las subas desmedidas. Y sus afirmaciones se respaldan en números.

Desde el inicio de su mandato, el precio del asado trepó en un 120%. Si se consideran sólo los primeros cuatro meses de 2021 el aumento es del 20%, considerablemente por encima del 17,1% de inflación general, y eso sin tomar en cuento los aumentos en lo que va de mayo. Pero el asado no es el único corte que tuvo esos incrementos. La carne picada, por citar un ejemplo, subió 24% este año, totalizando un 100% de aumento desde la llegada del FDT al Gobierno. Estas subas, a su vez, tienen un fuertísimo impacto en los ingresos promedio, proporcionalmente mucho más que otros productos. Según el INDEC, un quito de ese salario promedio se destina mensualmente a la compra de alimentos. Y de ese quinto, un 8% corresponde a la compra de carne vacuna.

Frente a esta escalada sin freno, el Gobierno intentó el camino del diálogo con las entidades productoras y frigoríficos para garantizar el consumo interno a precios accesibles. Recientemente se presentó como un éxito un acuerdo para garantizar ciertos cortes a precios accesibles. En concreto, se acordó un volumen mensual de ocho mil toneladas a esos precios, frente al consumo promedio del país de 200 mil toneladas mensuales. Apenas un bifecito. Si los intentos fueron tibios, si hubo impericias y se podrían haber hecho más cosas, o si las entidades del agro le tienen declarada la guerra al Gobierno haga lo que haga, el resultado terminó siendo un rotundo fracaso que llevó a este nuevo conflicto político, en un tema tan sensible para el bolsillo argentino, y a pocos meses de unas elecciones trascendentales para la coalición gobernante.

Las principales entidades agropecuarias, por su parte, fueron más a fondo que en ningún otro momento de la gestión actual hasta ahora. El antecedente directo es el paro de cuatro días de marzo del año pasado, antes que comenzara la pandemia, cuando el Gobierno aumentó de 30% a 33% las retenciones a las exportaciones de Soja. Fue el primer gran conflicto político para la gestión entrante, que en octubre del año pasado retrotrajo temporalmente ese aumento hasta principio de 2021. Este martes frente al nuevo anuncio, las organizaciones que nuclean a productores y comercializadores sacaron a relucir una de sus banderas predilectas: “esto ya fracasó en el pasado”. En concreto, la referencia es a la intervención en el mercado de las carnes que dispuso Néstor Kirchner en 2006, a la que los productores le atribuyen un aumento del 300% en el precio, la pérdida de stock de 12 millones de cabezas de ganado y la destrucción de 12.000 puestos de trabajo. Los medios opositores al Gobierno y referentes de la oposición, como la infaltable Patricia Bullrich, se subieron rápido a la ola de esa crítica.

“Argentina se encuentra en el podio de consumo de carne bovina, con un consumo de casi 48 kg per cápita. Y, al mismo tiempo, logra exportar el 30% de la producción de carne bovina, 11% de pollo, 7% de cerdo y 34% de ovinos. Estos números demuestran que el país no tiene un problema de abastecimiento de carne, el problema es de acceso, incluso cuando Argentina tiene la carne más barata del mundo. La realidad es que los argentinos venimos perdiendo poder adquisitivo desde hacer tres años, por lo que cada vez nos cuesta más comprar alimentos, combustible, vestimenta, no sólo carne” reza un comunicado de estas horas de la Mesa de la Carnes, que agrupa un total de 34 entidades, titulado “la medida es un error”. Y continúa “la actividad productiva privada se mueve por los incentivos, si las políticas son las adecuadas, se priorizan los canales de diálogo y se trabaja en la construcción de consensos con una mirada proactiva, es posible potenciar la inversión, el empleo, las exportaciones y todos los impactos positivos que esto genera en la economía argentina”, para finalizar afirmando que “esto se hace produciendo y exportando más, no menos”.

Pero, más allá de que resulte difícil en un debate con buenas intenciones achacarle al Gobierno su falta de voluntad para el diálogo, expresada en las numerosas mesas e instancias institucionales y multisectoriales desde las que se intentan abordar los problemas de la producción, el trabajo y la pobreza en el país, la pregunta que surge es ¿cómo le fue a la Argentina en relación a la producción y el consumo de carne cuando éstos mismos sectores eran gobierno?

Durante el macrismo, las entidades agropecuarias pusieron los dos Ministros de Agricultura, Ganadería y Pesca que tuvo el mandato. El primero fue Ricardo Buryaile, empresario ganadero formoseño que empezó su trayectoria en la Sociedad Rural de Pilcomayo, fue Presidente de la Confederación de Sociedades Rurales de Chaco y Formosa (Chafor), y vicepresidente segundo de Confederaciones Rurales Argentina (CRA) durante el conflicto de la 125. Bajo su gestión se eliminaron las retenciones a las exportaciones de casi todos los productos agropecuarios, incluida la carne que hasta ese momento pagaba un 15%, liberalizando el comercio exterior e interior. En noviembre de 2017 lo sucedió Luis Miguel Etchevere, recordado por el conflicto con su hermana Dolores del año pasado alrededor de unas tierras familiares, quien hasta al momento de asumir como Ministro era el Presidente de la Sociedad Rural. En 2018 el macrismo tuvo que volver a poner retenciones debido a la crisis cambiaria, y la carne pasó a tributar tres pesos por cada dólar vendido al exterior, lo que en el momento significaba alrededor de un 8%, pero con el proceso devaluatorio terminó siendo menos del 5% al final del mandato.

Durante la gestión de las entidades agropecuarias al frente de las políticas públicas en materia cárnica hubo un incremento importante en el mercado de exportaciones, pero si se hila fino ese incremento ni redundó en una mejora sustancial en términos macroeconómico, ni mucho menos generó mejores condiciones para el mercado interno y el consumo de los argentinos. El número de cabezas faenadas aumentó sólo un 14% en todo el período, y el stock de cabezas de ganado pasó de los 52 a los 54 millones en los cuatro años macristas, poco menos del 4% de aumento. Las exportaciones sí crecieron un 300%, pero el 75% de ese incremento se trató de ventas de carne barata a China para la producción de conservas. Es decir, no hubo un crecimiento cualitativo en el mercado, con desarrollo de valor agregado, que pudiera categorizarse como un beneficio categórico para el país.

Más aún considerando la otra cara de la moneda. La producción de esa carne barata de exportación a China le comió terreno a la producción para el mercado interno, que cayó un 20% entre 2015 y la actualidad. Esto, combinado con el alza generalizada de los precios y la liberalización del comercio exterior, llevó a que el precio promedio de venta al público del asado creciera un 275%, pasando de los $77 que valía en 2015 a los $290 de 2019. La consecuencia fue que de los 60 kg de carne promedio que se consumían en 2015 por habitante, se pasó a 44 kg promedio, un descenso de aproximadamente un kilo y cuarto por mes por habitante.

Entonces, la pregunta automática es quién se benefició con las decisiones políticas en materia de comercio de carne durante el mandato de Macri y las gestiones de miembros de las entidades agropecuarias al frente del Ministerio. Queda claro en el agujero macroeconómico y la crisis interna que dejó Macri que esas decisiones no significaron una recaudación que le hiciera una diferencia al país, como también es claro que el beneficio tampoco fue para el lado del consumo de los argentinos. Los que ganaron quizás fueron entonces los mismos que hoy, según el Gobierno, aumentan desmedidamente sin pensar en la difícil situación que atraviesan millones de familias, y desconociendo las instancias de diálogo y los pisos de acuerdo alcanzados en ellas.

Así está servida la mesa en este nuevo conflicto del peronismo con entidades del agro. El Gobierno deberá repensar la forma de articulación con este sector y, en cualquier caso, construir la legitimidad en la ciudadanía de las medidas duras que se tomen. Lo concreto es que, a pocos meses de las elecciones, los bolsillos de los argentinos y la credibilidad del Gobierno son los más afectados por las subas de los precios indiscriminadas, injustificadas en su relación con la inflación, que comenzaron desde el minuto 0 del mandato de Alberto Fernández, y que sólo parecen beneficiar a los que no pierden nunca, ni siquiera en medio de una pandemia. Una solución favorable a las mayorías es urgente, y si el Gobierno no consigue llenar las parrillas argentinas de acá a noviembre, puede terminar costándole mucho llenar las urnas de votos.