El desguace macrista del INTI: del “Guanaco gate” al desvío de más de 300 millones de fondos públicos
La gestión macrista del organismo encargado de la investigación industrial no deja de sorprender: despidos, contrataciones sospechosas y un último escándalo: millones en un proyecto de esquilado de Guanacos que beneficia a terratenientes extranjeros, como Benetton
El Gobierno de Mauricio Macri convirtió al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en una caja de sorpresas. Es sabido que el ex presidente no fue precisamente un cultor de la ciencia –disolvió el ministerio, recortó las becas la Conicet y ajustó en medio punto la inversión en el área en relación al PBI en cuatro años, todo un récord–, pero con el INTI, el organismo público encargado de la investigación y el desarrollo tecnológico y productivo, fue un paso más allá. No sólo despidió a 330 de sus investigadores y investigadoras, sino que su ex titular, Javier Ibañez, acumula más de una denuncia penal por malversación de fondos públicos –la última reabierta recientemente en Comdoro Py– y varios escándalos bastante llamativos, que incluyen la compra de televisores “de urgencia” en pleno mundial, de carritos de golf, de cajas navideñas con sobreprecios y otras yerbas del estilo. La más llamativa se conoció esta semana: se gastaron diez millones de pesos en el “Proyecto de Uso Sustentable de Guanacos Silvestres”, del cual resultaron beneficiados terratenientes de la Patagonia, donde habita esa especie nativa amenazada y a punto de ser considerada “en extinción”.
La Junta Interna de ATE-INTI dio a conocer un informe en el que dan cuenta que tanto Ibañez como el ex ministro de Ciencia y Técnica, Lino Barañao, autorizaron el gasto de esos diez millones de pesos en la implementación del programa en cuestión, entre cuyos beneficiarios se encuentra nada menos que la familia Benetton, entre otras estancias, muchas de ellas en manos extranjeras. La plata fue a parar a una empresa mediadora, que aplicaba ese dinero en las estancias, donde se perseguía, se capturaba y se esquilaba a los pobres animales. Una perlita: el proyecto fue solicitado por el ex ministro de Agroindustria, Luis Etchevere, junto a su par de entonces en Producción, Francisco “Pancho” Cabrera.
Según detalla el informe de la Junta, se gastaron 2.577.510 de pesos en las redes para encerrar a los guanacos; 968.420 pesos en la compra de seis motos y 365.177 pesos en alquiler de camionetas 4x4, además de otro millón en contratación de personal. Allí destacan dos contrataciones sugestivas: un tal Rubén Baruchelli, con domicilio en Luján, a miles de kilómetros del sur, cobró 866.700 pesos por brindar “productos alimenticios”, y Enzo Battisttelli, un supuesto capturador de guanacos que vive en Ramos Mejía, se llevó 794 mil pesos para “arriar” a los animales. También se llevó 200 mil pesos Gustavo Néstor Varni, quien formó parte de la lista de Cambiemos en Neuquén.
“¿Debe el INTI –como organismo público- financiar y participar de un proyecto que tiene entre sus premisas el maltrato y la exterminación de animales silvestres en pos de un negociado para estancias privadas?”, se preguntaron los trabajadores y trabajadoras del organismo en el informe difundido esta semana, en el que revelaron lo que se conoció como el “Guanacogate”.
Este último escándalo viene a coronar una gestión desastrosa, de desguace y plagada de pequeños negociados, cuyos efectos ya se ven reflejados en Comodoro Py. A principios de octubre, el juez Marcelo Martínez De Giorgi reabrió la causa penal contra Ibañez y otros funcionarios por malversación de fondos públicos, que incluye “favores” a un total de trece empresas para construcción de edificios, espectáculos, publicidad, cajas navideñas, seguridad privada y hasta obras de arte. La denuncia había sido presentada en 2018 por la titular del GEN, Margarita Stolbizer, y había recaído en el juzgado de Claudio Bonadío, quien prefirió cerrar la investigación, que recién logró reactivarse este año.
Fue la fiscal Alejandra Mángano y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quienes solicitaron la reapertura de la causa, porque consideraban que su archivo era “prematuro” y que las pistas del fraude están claras. Es que las contrataciones que relizó Ibañez –del riñón de la ex vicepresidenta, Gabriela Michetti– mientras despedía trabajadores eran relamente tan llamativas como el “Guanacogate”. No son sólo las cajas navideñas, o los televisores de “urgencia” para el mundial: Ibañez también contrató a su cuñada y permitió que uno de sus gerentes Guillermo Strokach contratara a su esposa y a una socia, con contratos VIP.
“En la mayoría de las contrataciones es posible advertir pago de adicionales a las empresas sin suficiente justificación, sobreprecios en los costos, puesta en funcionamiento de oficinas paralelas para favorecer a las empresas contratantes. Forma parte de una mecánica de funcionamiento del Instituto a partir de la gestión de Ibañez”, dijo Stolbizer a mediados del 2018, cuando presentó la denuncia. Stolbizer denunció que entre las empresas beneficiadas estuvo Kopar S.A., una de las constructoras predilectas del Pro.
En julio de este año, la propia Junta Interna de ATE INTI fue a la justicia con pruebas contra Ibañez en el marco de una segunda causa penal. Presentaron un total de 52 distintos “negociados” entre 2015 y 2019. Los desvíos de fondos, en ese período, alcanzaron los 300 millones de pesos.
