La confirmación del juez federal Alejo Ramos Padilla al frente de la investigación por el affaire Stornelli-D’Alessio, conocida un día después de que Cambiemos recibiera una verdadera paliza electoral en Córdoba, significó un duro golpe para la llamada “judicialización de la política”, esa estrategia polifuncional a la que tanta ganancia le venía sacando el gobierno de Mauricio Macri en su disputa con la oposición y, muy en especial, con el kirchnerismo. A esto se suma la reciente y quirúrgica decisión de la Corte Suprema de Justicia de atender a los planteos de la defensa en la denominada causa “Vialidad”, en la que Cristina Fernández fue enviada a juicio oral, por lo que solicitó todo el expediente para revisar lo actuado. En concreto, significa postergar con fecha incierta el arranque de un proceso que estaba estipulado para el martes próximo. Y es una nueva decepción para las expectativas del oficialismo, que hace rato sueña con una foto de la expresidenta entrando a Comodoro Py junto al empresario Lázaro Báez, un insumo valiosísimo en época de campaña.

Si hasta acá los tribunales y los fallos de alto impacto, emitidos con precisión de relojería, le dieron a la Casa Rosada una herramienta con la cual compensar su falta de respuesta ante la espiral de problemas económicos, el domingo último los votantes cordobeses volvieron a poner al debate en el terreno de la política.

El agotamiento de la carta judicial se veía venir, en paralelo a los resultados adversos que el macrismo había obtenido en otros distritos, pero por si quedaba alguna duda, el mensaje lanzado desde una de las plazas electorales más importantes del país no sólo llegó a Balcarce 50, sino también a los tribunales. Siempre atentos a las intermitencias del poder, tal vez los jueces no hagan política partidaria, pero la siguen con atención y saben detectar cuando el clima está cambiando.

Nada es casual, menos un fallo como el de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que 24 horas después de que el radical PRO Mario Negri quedara a 36 puntos del gobernador reelecto Juan Schiaretti, ratificó la competencia del juez de Dolores en el expediente por el espionaje ilegal. Lo dispuesto luego por cuatro de los cinco miembros de la Corte en el caso que involucra a Cristina es otra pieza del mismo rompecabezas.

Con una capacidad menguante, algo que ya no se puede ocultar con estrategias de marketing o apariciones en la prensa amiga, el Poder Ejecutivo perdió la rienda corta sobre el mundo de los magistrados, donde antes supo manejarse sin fisuras y hasta con desparpajo. Lo dicho por los camaristas Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y el subrogante Bernardo Bibel tiene todas las características de una resolución con cintura política, tanto por su oportunidad como por las muy precisas ambigüedades que contiene.

Mientras en Cambiemos pensaban cómo cerrar filas detrás de la idea insólita de que en Córdoba no perdieron porque no tuvieron un candidato, abjurando del diputado Negri, el tribunal marplatense dispuso que Ramos Padilla “continúe provisoriamente a cargo del conocimiento y la investigación de las actuaciones principales”. Para eso, argumentaron que, “de momento, su incompetencia devendría prematura en virtud del estado embrionario de la investigación en curso y (por) no contarse con el análisis de todos los elementos de juicio relevantes para precisar debidamente el contorno delictivo investigado”. Traducido, decidieron desacoplar su fallo de las urgencias políticas del oficialismo, que semanas atrás había hecho sonar todos los teléfonos para dejar bien en claro su deseo de llevar el expediente, sea como sea, cueste lo que cueste, a las aguas más tranquilas de Comodoro Py, donde su influencia es mayor.

El macrismo estaba resuelto a terminar con el dolor de cabeza que, como un goteo, le llegaba desde Dolores. Por entonces, incluso se barajaba la chance de despiezar la causa, dejando quizás una parte en el despacho de Ramos Padilla, para cuidar ciertas formas, pero sorteando el resto en los tribunales de Retiro.

Con todas estas especulaciones acabaron los tres jueces de La Feliz, porque advirtieron que “no se podría ‘desguazar’ esta investigación, sino que (…) esta Cámara Federal considera –sin hesitación alguna– que el presente trámite procesal debe ser desarrollado en su totalidad –manteniendo la validez de todo lo hasta aquí actuado–, por aquel magistrado que se designe como competente”. De paso, esa ratificación de lo hecho por Ramos Padilla incluyó la certeza de que “se habría constatado la existencia de una organización delictiva dedicada al espionaje ilegal, a lo que se sumarían otros hechos delictivos de coacción, extorsión y tráfico de influencias”.

Hacia adentro de la resolución, el carácter provisorio del respaldo al juez natural también es una moneda en el aire, cuya cara final sigue en manos de la Cámara, que se guardó esa potestad. Ramos Padilla deberá continuar demostrando esa cautela que en todo este tiempo le permitió sortear las baldosas flojas de un expediente crítico. Pero, más allá de esto y en la coyuntura política y electoral, se trata de un evidente desaire para el presidente Macri y sus –hasta ahora– infalibles operadores judiciales.

El gobierno deberá cursar las muchas dificultades de la campaña por venir soportando, además, las novedades que le lleguen de una investigación que involucra no solo al abogado trucho Marcelo D’Alessio, a la AFI y a sectores encumbrados de la prensa oficialista, sino también al fiscal Carlos Stornelli y a la diputada Elisa Carrió, dos de las figuras que más aportaron a esa cruzada contra el kirchnerismo de la que se nutrió el relato macrista de la “pesada herencia”.

En definitiva, la Cámara de Mar del Plata no hizo otra cosa que sumarse a una tendencia que baja del máximo tribunal de justicia –que haría lo propio, postergando el juicio oral a Cristina– y que se repite en el resto de las corporaciones del país, que ven al gobierno nacional en un momento de gran debilidad y sin acertar en la reacción. A contramano de lo que se sostenía pocos meses atrás, Cambiemos dejó de ser banca y el futuro se tornó incierto. Y la política pasada por los tribunales, ese recurso siempre a tiro con el que contaba el oficialismo, dejó de funcionar todo lo bien que lo había hecho, tanto que ahora –cosas de los juegos de poder– puede volvérsele en contra.