La Oficina Anticorrupción presentó este mes una de las denuncias penales mejor documentadas, abundante en pruebas y en fundamentos irreprochables, contra la gestión de Mauricio Macri. Luego de un largo proceso de investigación, centrado en la constatación de un lapidario informe de auditoría realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la OA llegó a la conclusión de que funcionarios de primera de línea del Gobierno de Cambiemos remataron tierras públicas en la zona más cara de la Ciudad de Buenos a precio de ganga para beneficiar a un puñado de empresarios, todos ellos con vínculos cuanto menos oscuros con el ex presidente.

Se investigaron en total 17 procesos de remate encarados por la Agencia de Bienes del Estado (AABE) entre 2017 y 2018, en su gran mayoría de tierras codiciadas por el sector inmobiliario en la zona de Puerto Madero. Se detectaron irregularidades severas como la deliberada tasación a la baja de los terrenos y claras maniobras de conspiración que afectaron el principio de competencia a la hora de quedarse con el negocio. Según la denuncia, hubo un perjuicio para las arcas del Estado de más de 74 millones de dólares: la AABE desconoció sistemáticamente, en cada subasta, los valores de mercado de esas tierras fijados por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.  

La denuncia resalta claramente que “se advirtieron algunas situaciones que podrían denotar la existencia de acuerdos entre competidores e influido negativamente en los intereses del Estado”. Sobre todo, en los remates de Puerto Madero, donde de las 15 empresas que mostraron interés en las subastas sólo quedaron tres, que se presentaron sucesivamente en cada remate y repartieron las tierras a piaccere.

Ahora bien, ¿quiénes se quedaron con el negocio? En todos los procesos “compitieron” TGLT SA, de Federico Weil, controlador de Caputo Construcciones, la ex empresa insignia de Nicolás “Nicky” Caputo, el “amigo del alma” del ex presidente; el “Fidecomiso BAP”, del banquero Edmond Zafra, uno de los que cuidó los dólares fugados al exterior de Gianfranco Macri, hermano del ex mandatario; y Consultatatio SA, de Eduardo Constantini, dueño del country Nordelta, aportante de la campaña de 2019 y ferviente militante macrista.

Puerto Madero Pro

El lunes 13 de agosto de 2018, Mauricio Macri recibió en su despacho de Casa Rosada a Edmond Safra, hombre clave la trama. Ese mismo día, los ex ministros Rogelio Frigerio y Marcos Peña firmaron la resolución publicada en el Boletín Oficial en la que le adjudicaban de forma definitiva al “Fideicomiso BAP”, representado por Safra, una de las parcelas más interesantes del predio conocido como “Catalinas Norte 2”. Ese pedazo de tierra, de 3.188 metros cuadrados, se ubica en la zona del Hotel Sheraton, entre Retiro y Puerto Madero, una de las zonas más caras del país, y también prósperas, en tanto vería meses más tardes los frutos de la construcción del Paseo del Bajo, que levantaría incluso más su valor. El Tribunal de Tasaciones de la Nación había fijado el valor “de mercado” (sin las obras concluidas del Paseo) de esa parcela en U$S 28.949.707,60, pero Safra se la llevó por U$S 25 millones.

Pero, ¿quién es Edmond Safra, cómo llegó a comprar por debajo del precio de mercado uno de los terrenos más codiciados del país y por qué lo recibió Macri en su despacho el mismo día que se concretaba esa operación? Hay un indicio que surge a primera vista y que la Oficina Anticorrupción le pide al juez Julián Ercolini y al fiscal Gerardo Pollicita, sobre quienes recayó la causa, que investiguen: gracias a la ley de blanqueo de capitales, Gianfranco Macri, el hermano del ex presidente que siguió al frente de varios de los negocios del grupo familiar, repatrió parte de sus dólares no declarados fuera del país y reveló que los tenía en el banco Safra, propiedad, claro está, de Edmond.

El escandaloso negocio de Macri, Caputo y un banquero con terrenos públicos en Puerto Madero

No sólo eso: otra de las subastas de las parcelas dentro del mismo terreno VIP la había ganado Federico Weil, dueño de TGLT SA. En este caso, a un precio de escándalo: el tribunal de Tasación había fijado el valor del lote en 53,3 millones de dólares, pero la AABE se la entregó a Constantini por 40,5. El perjuicio para el Estado fue de 12,8 millones de dólares, sólo en ese terreno. Pero meses mas tarde, Weil se la “cedió” a un Fideicomiso privado de nombre “Administración de Catalainas 1”, que comparte él mismo con otra empresa de Safra, “BA Development II”. Todo queda entre caballeros.

“La existencia de ese vínculo que surge de la documentación presentada por las empresas citadas, genera sospechas razonables de vinculación entre ellas previo a la celebración de la subasta”, que “no podría ser ignorada por los funcionarios” que realizaron el proceso, según reza de la denuncia. Esa es la punta de iceberg de un entramado de negocios para los amigos cuyas consecuencias judiciales darán mucha tela para cortar.

Lo mismo hizo Consultatio SA, de Eduardo Constantini, quien ganó una de las subastas de otros de los terrenos también a precio ganga y terminó cediéndola más tarde al grupo de Edmond Safra. Constantini aportó 850 mil dólares a la campaña de Cambiemos en 2019. Sólo en Puerto Madero, el perjuicio para el Estado terminó siendo de 52 millones de dólares. 

La denuncia sobre Macri, Peña, Frigerio y los funcionarios de la AABE, entre ellos el larretista Ramón Lanúes, es por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” y “administración infiel en perjuicio del patrimonio del Estado”. Habrá que ver si Ercolini y Policita, dos los jugadores macristas en Comodoro Py, se animan a investigar.