Luego de que el Congreso rechazara definitivamente el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica, que garantizaba fondos para el Hospital Garrahan, el Gobierno nacional anunció una inversión de 30.000 millones de pesos para llevar adelante un plan de obras en el centro de salud. Así lo confirmó este viernes el vocero de Casa Rosada, Manuel Adorni. 

Presionados por la opinón pública en plena campaña electoral y una nueva derrota en el Congreso, el Gobierno anunció obras de modernización y acondicionamiento del emblemático hospital pediátrico. Desde el Ejecutivo detallaron que la iniciativa también incluirá nuevo equipamiento médico. 

Adorni explicó que la inversión estará destinada a la ampliación del área de trasplante de médula ósea y “la reapertura de cuatro quirófanos que se encuentran cerrados y que serán equipados con tecnología de última generación”.

Además, se comprarán equipadas con sistema ECMO para el traslado de pacientes desde el AMBA o desde aeropuertos en vuelo sanitarios; se renovarán de 400 camas, camillas y sillas de ruedas; y se adquirirán máquinas de perfusión renal y hepática, equipos de esterilización, diagnóstico por imágenes, farmacia y laboratorio.

“Esto se suma, además, al complemento mensual anunciado en una de las conferencias anteriores para el personal médico y administrativo del hospital, el cual será de carácter permanente. Todo esto, la administración del Garrahan lo logra con fondos propios, sin transferencias adicionales, y es gracias a una gestión eficiente de los recursos”, remarcó el portavoz de Casa Rosada. 

Sin embargo, el anunció se da dos semanas después de que la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan denunciara que parte de esa recaudación propia del Hospital Garrahan estaba siendo destinada a un “fondo de inversión” del ministro de Economía, Luis Caputo.

Así lo expuso la secretaria general del gremio, Norma Lezana, después de haber requerido un informe a la Comisión de Salud del Congreso sobre la auditoría de los bienes que gestiona el Consejo de Administración de ese nosocomio. En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la dirigente acusó al Gobierno de "guardarse 40.000 millones de pesos de la recaudación del tercer pagador (que es lo que el Hospital cobra a las obras sociales y prepagas) que representa al 35% de las prácticas que se realizan en nuestro hospital y que, en lugar de ser distribuidas como corresponde a obras de infraestructura y, en gran parte a un ítem que se llama recursos genuinos que percibimos en nuestros salarios, se lo están guardando, se lo están reservando, en un fondo de inversión de Caputo”.