En pleno inicio del ciclo 2021, el Gobierno ya prepara una medida para lidiar con las consecuencias laborales y económicas de la pandemia de COVID19. Es que el oficialismo buscará ahora extender hasta abril la prohibición de despidos y la implementación de doble indemnización, tal como fue aplicado durante el 2020.

La iniciativa fue una de las conclusiones de la reunión del gabinete económico de Alberto Fernández, que ahora apuesta a prorrogar la medida 90 días, aunque aún no fue oficializado. Si bien se mantendrá firme la decisión de no permitir despidos, en el caso de la doble indemnización tendrá un tope de 500.000 pesos para el monto de recargo.

Esta extensión de la medida condice con lo dispuesto desde el comienzo de la pandemia de coronavirus y ante la intención de algunas compañías de echar personal por la retracción de la actividad. El primer decreto rigió desde el 1° de abril, luego se dispuso una prórroga desde el 1° de junio y hubo una tercera disposición a partir del 1° de diciembre.

En tanto, la medida a tomarse este año aguarda todavía en un decreto que está a la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Se espera que en lo subsiguiente vea la luz a través del Boletín Oficial.

Cabe señalar que, durante inicios de la cuarentena en 2020, la prohibición de despidos y doble indemnización había sido incluida en el marco de medidas para proteger no solo al sector trabajador sino también al sector empresario.

Para ello se incluyeron también iniciativas tales como la “postergación o disminución de diversas obligaciones tributarias y de la seguridad social, la asistencia mediante programas específicos de transferencias de ingresos para contribuir al pago de los salarios y la modificación de procedimientos para el acceso a estos beneficios”, en el caso de las empresas.

No obstante, desde determinados sectores empresariales ya comenzaron a reaccionar ante esta nueva prórroga de 90 días. “En mi opinión mantener, el triple cepo de prohibición de suspensiones y despidos, así como la doble indemnización, constituye una medida que conspira contra la generación de empleo genuino y formal”, aseguró Daniel Funes de Rioja, titular de Copal e integrante de la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA).