En la antesala a la movilización que llevarán adelante movimientos sociales en contra las políticas de ajuste de Javier Milei, el gobierno de la provincia de Buenos Aires aseguró que no aplicará el “protocolo anti-piquetes” que lanzó la semana pasada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por considerar que “criminaliza la protesta”. Poco después, el vocero de Presidencia, Manuel Adorni, salió al cruce de Axel Kicillof.

“Cada gobernador será responsable por el acatamiento o no del protocolo. Nuestra prioridad es que el que quiera circular, circule”, señaló el portavoz de Casa Rosada. “Si la prioridad del gobierno provincial no es la circulación libre y por eso no acata al protocolo, deberá darle as explicaciones a cada uno de los bonaerenses”, añadió.

“Nosotros entendemos que primero está el derecho, el cumplimiento de la ley y la libertad de los ciudadanos para circular”, sentenció Adorni. 

Más temprano, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, confirmó que la Provincia no iba a aplicar las restricciones impuestas por el Ministerio de Seguridad nacional "porque no estamos de acuerdo con las disposiciones de ese protocolo, que entre otras cosas creo que criminalizan la protesta”.

“Me parece que lo que se ha hecho sobrepasa un límite que hemos tenido durante todos estos años de democracia. Cuestiones de reconocimiento facial, que hay que ver si están validadas en el marco de la normativa legal”, resaltó en declaraciones a radio La Red.

Además, el funcionario provincial consideró que “ninguno hace una protesta si no tiene una necesidad”. “Nadie quiere una situación de violencia, ni de desmanes”, aclaró Bianco y afirmó que desde el gobierno bonaerense trabajará para que el miércoles “no se produzca ninguna de estas situaciones en el territorio de la provincia de Buenos Aires”.