En pleno puntapié inicial de campaña, el Gobierno denunció penalmente a Gerardo Morales por la represión desplegada en las últimas semanas en la provincia de Jujuy. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitaron que se abra una investigación sobre el accionar de las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones sociales en esa región.

“Hemos constatado numerosos delitos perpetrados por personal policial que –más allá de las responsabilidades de los autores directos- dan cuenta de una actuación organizada de manera ilícita desde las más altas cúpulas del Gobierno de la Provincia”, señaló la presentación judicial encabezada por el titular de DDHH de Nación, Horacio Pietragalla Corti.

Golpes, maltratos, disparos con balas de gomas, secuestro de dispositivos de comunicación, entre otros atropellos a los derechos humanos son algunos de los puntos denunciados en las últimas semanas por organizaciones sociales, asociaciones civiles e incluso por informes por la ONU. En ese sentido, desde Nación volvieron a exigir la intervención de la Justicia en el escenario jujeño.

La denuncia impulsada ahora por la Secretaría de Derechos Humanos se suma al habeas corpus presentado ante la justicia local este lunes para frenar la violenta represión y para que se garantice el derecho a la protesta. A partir de allí, el juez Jorge Zurueta solicitó a la policía de la provincia que se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes y llamó al gobierno de Gerardo Morales a iniciar una instancia de mediación, que hasta el momento no fue cumplida.

En tanto, los operativos de represión se desarrollaron en plena antesala del nombramiento del gobernador Morales como compañero de fórmula presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, lo cual dejó ubicado al despliegue de violencia institucional casi como una imagen de campaña de mano dura en plena etapa pre-electoral.