En las últimas horas, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia contra los jueces y fiscales federales, el ministro de Seguridad porteño, directivos del Grupo Clarín y otros participantes del viaje a Lago Escondido realizado en octubre pasado por el presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y "admisión de dádivas".

Entre los denunciados están el Julián Ercolini, juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10; Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2; Pablo Cayssials, juez del Juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9; Juan Bautista Mahiques, actual Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Marcelo D’alessandro, actual Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, por ofrecimiento de dádivas fueron denunciados Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín; Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis; Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos, de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE); y Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política. 

Imagen de los implicados en su viaje a Bariloche
Imagen de los implicados en su viaje a Bariloche

Dos días atrás, a comienzos de la semana, el presidente Alberto Fernández anunció que había instruido al Ministerio de Justicia que "investigue penalmente" los hechos descritos en el chat obtenido del celular de Marcelo D' Alessandro y del que participaban los denunciados. 

Hoy, Casa Rosada confirmó que “por instrucción del Presidente de la Nación Argentina Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y particularmente lo relacionado a su financiamiento”. 

En la presentación, el Gobierno solicita varias medidas de prueba para esclarecer el hecho entre ellas, la entrega de los celulares de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los aparatos. Además, el Ejecutivo solicitó que se incluya al Estado Nacional como parte querellante bajo el argumento de que "gran parte de los sindicados como autores de los graves delitos ostentan los cargos de magistrados del Poder Judicial de la Nación".

"Se han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones indebidas entre actores que, para quienes nos preocupa el resguardo de la independencia judicial, jamás deberían producirse", afirma el comunicado de Nación. 

Sobre los hechos a investigar, el texto explica que tuvieron lugar durante la semana del 13 de octubre, “cuando los denunciados compartieron un vuelo en un avión privado, desde San Fernando (Buenos Aires) a Bariloche (Río Negro), con financiamiento desconocido”. 

Asimismo, detalla que al aterrizar el avión se habría sumado a la comitiva “el CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y el director de Asuntos Legales e Institucionales del mismo grupo empresario y sobrino de Héctor Magnetto, Pablo Casey, entre otras personas aún no identificadas” quienes se dirigieron en vehíchulos privados de Joe Lewis a la estancia del magnate británico ubicada en Lago Escondido.

“En caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas", reza la denuncia elevada por el ministro Soria. 

“La recepción de las dádivas no solo constituye una afectación repudiable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la ética republicana exigible a los mencionados funcionarios; sino que es, esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, constitutivo del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”, argumenta.