En la culminación de una semana marcada por el mega DNU de desregulación económica y el consecuente rechazo manifestado en múltiples cacerolazos, el Gobierno brinda nuevas definiciones en conferencia de prensa. En medio de la tensión y el malhumor social por los alcances del decretazo, tras la reunión de Gabinete encabezada esta mañana por el propio Javier Milei, el vocero Manuel Adorni se dirigió a la prensa.

Conferencia de prensa | 22.12.23

Entre las definiciones destacadas, Adorni informó sobre el costo del primer despliegue del “protocolo anti-piquete” que tuvo su debut el pasado 20 de diciembre durante la gran movilización de organizaciones sociales y sindicales. En ese sentido, el vocero presidencial detalló que el costo aproximado fue de 60 millones de pesos y anticipó que deberán pagarlos las propias organizaciones sociales. 

“Será la factura que se le pasará a los movimientos sociales”, confirmó el vocero presidencial y dijo que se van a intimar a las organizaciones “para que se hagan cargo de este gasto que no le corresponde a la ciudadanía”.

En ese sentido, especificó que el Gobierno ya identificó a unas 14 organizaciones que serían las exhortadas a pagar el monto. Los sectores señalados por el Gobierno son: Polo Obrero, Corriente Clasista y Combativa, Movimiento Evita, La William Cooke, MTR 12 de abril, CUBA MTR, Libres del Sur, Darío Santillán, La Dignidad, El FOL, Barrios de Pie, Torres, MTE y Movimiento Patria Justa. 

Asimismo, añadió que el Gobierno presentó una denuncia contra las organizaciones por “extorsión” en torno a los mentados planes sociales y la presunta presión a beneficiarios para asistir a las marchas. 

“Se denunció el delito de extorsión y defraudación al Estado por el manejo de planes sociales”, detalló el portavoz en la rueda de prensa diaria que ofrece en Casa Rosada. La presentación recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y la fiscalía de Gerardo Pollicita.

“Hemos realizado la denuncia en los Tribunales Federales por el delito de extorsión y defraudación al Estado por el manejo de planes sociales. Hasta el momento, hay 32 personas denunciadas en la línea 134 que efectivamente se da el detalle de quiénes son y en qué organización operan”, informó Adorni.