El Gobierno patalea contra Cassanello, pero uno de sus candidatos lo habilitó para concursar en Comodoro Py

A medida que pasan las horas y el silencio parece ser, salvo alguna excepción como el jefe de Gabinete Guillermo Francos, la regla en la Casa Rosada, crece el malestar en el círculo de los hermanos Milei con la Justicia por las supuestas coimas en Discapacidad. Y con un nombre en particular: el juez federal Sebastián Cassanello.

El escándalo político que se desató por la filtración de los audios en los que el ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo indicaba a la secretaria General de la Presidencia Karina Milei, y a su asesor Eduardo “Lule” Menem como posibles cobradores de retornos en un negociado con la droguería Suizo Argentino S.A solo recién empieza.

En tiempo récord para los procedimientos judiciales, el fiscal Franco Picardo, por instrucción de Cassanello, comenzó el viernes con un megaoperativo de 16 allanamientos en lugares clave vinculados al caso como la ANDIS, la droguería y varios domicilios, entre los que se incluyen el de Spagnuolo; el del exdirector de Acceso a la Salud de la ANDIS, Daniel María Garbellini; y el de integrantes de la familia Kovalivker, propietarios de la droguería.

Luego de encontrar a Spagnuolo intentando escapar de uno de sus domicilios, el exfuncionario le entregó a la Policía su teléfono celular personal y una máquina para contar billetes.

A todo esto, se suma el impedimento para salir del país que pesa sobre el exANDIS y abogado de Javier Milei, y sobre el empresario Emmanuel Kovalivker, vinculado a los Menem. A este último le encontraron más de US$200.000 en efectivo repartidos en distintos sobres durante un allanamiento policial realizado ese mismo día.

Además del dinero en efectivo, los dólares en diversos sobres con anotaciones y la máquina de contar billetes, el saldo de la intervención de Picardi arrojó el hallazgo de contratos por más de 10.800 millones de pesos que se corresponden con pagos del Estado a favor de la droguería Suizo Argentino, y una importante cantidad de dispositivos electrónicos que tienen la orden de una inmediata extracción de su contenido.

Los rápidos movimientos del funcionario del Ministerio Público paralizaron al Gobierno. Desde que se desató el escándalo por las filtraciones publicadas en el portal Data Clave, el presidente Javier Milei realizó dos apariciones públicas en las que en ningún lugar de sus discursos hubo espacio para mencionar este hecho que desató una verdadera crisis política.

Las preocupaciones son evidentes. En la Casa Rosada no pueden prever cómo continuará la segunda parte en la que intervendrá Picardi, en la que deberá rearmar el rompecabezas para determinar si efectivamente hubo un entramado de sobornos a favor de la empresa y los funcionarios nacionales mencionados por Spagnuolo.

En el Gobierno temen la siguiente instancia: la de las indagatorias. Aquí es cuando podría presentarse Spagnuolo para ratificar (o no) sus declaraciones sobre el circuito de sobornos.

Mientras tanto, la falta de influencia propia de los hermanos Milei en la Justicia Federal, las milicias digitales cargan contra Cassanello y Picardi, por la velocidad de los operativos con los que pudieron poner a resguardo los materiales probatorios antes de su destrucción. Algo verdadera y tristemente inusual en la Argentina.

DIME A QUIÉN ELIGES…

Sin embargo, el dispositivo comunicacional de La Libertad Avanza omite algo que choca nuevamente contra su prédica “anticasta”, que volvió a quedar obsoleta luego de los cierres de candidaturas para la elección de medio término.

Justamente uno de sus candidatos está directamente implicado con el hecho de que Cassanello hoy sea juez de Comodoro Py y esté detrás de la pista de la coima en Discapacidad. Se trata del primer candidato a diputado “libertario” por la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Fargosi.

Fargosi, de estrecho vínculo con la Casa Rosada, y uno de los principales impulsores de la fallida iniciativa de Ficha Limpia en el Congreso, también es aliado de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Es uno de los fundadores del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que preside la actual titular del Senado.

Sus vínculos con el poder también lo indican cerca de Mauricio Macri. Durante la gestión CAMBIEMOS, Fargosi fue parte del directorio de Banco Macro por la participación que tiene la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

En esa misma época fue que se lo sindicó como miembro del bufete de abogados que asesoró a la empresa Marsans, en su juicio contra el Estado argentino después de la recuperación de Aerolíneas Argentinas.

Cabe destacar que Marsans vendió los derechos litigiosos al fondo buitre Burford, que recibía asesoramiento por parte de estudios jurídicos argentinos. Ahí aparecía nuevamente Fargosi, que rechazaba cualquier vinculación con el caso.

Históricamente vinculado al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires de la calle Montevideo que agrupa los miembros de los grandes estudios ligados a los sectores más conservadores, hubo un hecho que marcó a fuego la carrera de Fargosi.

Es el concurso 140 de elección de magistrados que fue sospechado de serias irregularidades por los rumores de que el hoy jubilado exjuez federal Luis Rodríguez había accedido a una copia del examen de idoneidad.

El proceso tuvo dos instancias a lo largo de los siete años de duración, entre el 2005 y el 2012. En octubre de ese año, Cassanello, que hasta ese momento era secretario de la Sala I de la Cámara Federal, tuvo el aval del Senado y se hizo cargo del Juzgado Federal N°7 del que heredó las causas que hasta ese momento trataba el exjuez Norberto Oyarbide.

Fargosi, que en ese momento integraba el Consejo de la Magistratura en representación del estamento de abogados dio su impensable votó a favor del hoy juez federal.

El abogado integraba la agrupación independiente Será Justicia, que tenía una alianza con el radicalismo, antes del acercamiento de Fargosi con el PRO.

Con su apoyo, el kirchnerismo consiguió la mayoría especial para el plenario del Consejo y se aprobaron los pliegos de cuatro jueces: Marcelo Martínez de Giorgi, en el Juzgado Federal 8; Sebastián Ramos, en el número 2; el mencionado Luis Rodríguez, en el Juzgado N°9; y, el de Sebastián Casanello, en el 7.

Cassanello contó con 41 votos a favor y 16 en contra en la Cámara alta y se hizo cargo de uno de los doce despachos estratégicos de la Justicia Federal, que mantiene hasta la fecha. A Fargosi lo echaron del Colegio de Abogados por su decisión.

Con su aval, y para desgracia de los hermanos Milei, Cassanello, junto a Picardi, parecen avanzar a paso redoblado en la causa por coimas en el área de Discapacidad.