El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, analizan suspender la Ley de Alquileres vigente, aprobada en 2019 y sancionada en 2020. La normativa es fuertemente cuestionada por todos los actores del mercado inmobiliario: inquilinos, propietarios e inmobiliarias. Sin embargo, ante la posibilidad de su suspensión, asociaciones de inquilinos advirtieron sobre los peligros que ello implicaría. 

“Si la ley se suspende, no habrá marco regulatorio. Es decir, se podrán firmar contratos por uno mes o dos meses, con aumentos mensuales, cobrando de depósito lo que quieran”, sostuvo Sebastián Artola, referente de Inquilinos Agrupados Rosario y responsable de la Federación de Inquilinos Nacional en la provincia de Santa Fe.

“Suspender la ley no es la solución a la realidad que padecen los inquilinos, por el contrario, provocaría un vacío legal que agravará la ya difícil situación que se atraviesa”, añadió. 

Hoy la normativa es criticada tanto por el oficialismo como por la oposición. Sin embargo, en 2019, tuvo amplio consenso legislativo y fue aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados en noviembre de 2019. Meses después, ya en 2020 fue sancionada por el Poder Ejecutivo y puesta en funcionamiento. 

La legislación introdujo dos cambios claves: extendió la duración de los contratos de alquiler a tres años en lugar de dos y permitió actualizaciones anuales sobre un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación.

Sin embargo, lo que logró la Ley de Alquileres vigente, en un contexto de fuerte escalada inflacionaria, fue que se redujera la oferta de inmuebles y que los disponibles tengan valores muy por encima del Salario Mínimo Vital y Móvil ($80.342).

En marzo de 2023, quienes afrontaron actualizaciones de sus contratos tuvieron subas por encima del 90%. Actualmente, en promedio, un monoambiente en CABA cuesta alrededor de $90.000 por mes; un departamento de dos ambientes alcanza los $110.000 por mes; y uno de tres, los $150.000 por mes.

Como respuesta a esta realidad, Alberto Fernández y Sergio Massa estudian la suspensión de la Ley y estudian diversas alternativas. Sin embargo, para las asociaciones de inquilinos dicha opción causaría un mayor malestar entre las personas que no tienen una vivienda propia y deben alquilar. 

“El problema para los inquilinos es claro, un contexto de inflación altísima e ingresos en caída libre, sumado a un mercado inmobiliario que no para de especular, que se concentra cada vez más, que está dolarizado y piensa la vivienda como negocio, sin ningún tipo de control y regulación por parte del Estado, haciendo inaccesible la vivienda en nuestro país”, detalló Artola.

El militante de Inquilinos Agrupados Rosario le exigió al Gobierno que en lugar de discutir la suspensión de la legislación, discuta “cómo regular el precio de los alquileres, qué hacer con la cantidad creciente de vivienda vacías o cómo avanzar hacia una política integral de vivienda que proteja a los inquilinos, como se está haciendo en las principales ciudades del mundo”. 

"Se pretende dejar todo en manos del mercado, para que hagan lo que quieran y que los inquilinos se las arreglen como puedan o terminen en la calle”, criticó. “Es terminar haciendo lo que propuso Juntos por el Cambio el año pasado en el Congreso, es decir, contratos cortos, aumentos trimestrales y precios definidos de manera unilateral por el mercado por arriba de la inflación”, agregó. 

Por ese motivo, para Artola, la suspensión de la Ley de Alquileres sería "una claudicación total ante el mercado y la derecha”. “Sería una irresponsabilidad total que se tome esta decisión, con consecuencias críticas para todos los inquilinos”, concluyó

MIENTRAS TANTO EN EL CONGRESO…

En noviembre de 2021, el titular del Palacio de Hacienda .que en ese entonces se desempeñaba como titular de la Cámara de Diputados -anunció que impulsaría una modificación de la ley. Desde entonces, ya se presentaron cerca de 30 proyectos legislativos para transformar la normativa actual o derogarla. 

Incluso, en mayo 2022 se firmaron tres dictámenes: uno de mayoría en representación del Frente de Todos y dos de minoría, de Juntos por el Cambio y de la diputada Graciela Camaño. Sin embargo, la falta de consenso y acuerdos en el Congreso entre oficialismo y oposición hicieron que ninguno de los proyectos avance.