A partir de los documentos que se filtraron en el marco de los Paradise Papers en los que se vieron implicados los ministros de Energía, Juan José Aranguren, y de Finanzas, Luis Caputo, la oficina de Anticorrupción que lidera Laura Alonso, le exigió a los funcionarios que aclaren si brindaron servicios a sociedades ubicadas en países considerados como paraísos fiscales.

Según indicó NA también la oficina le solicitó a los hombres del presidente Mauricio Macri, que expliquen si las tareas desempeñadas en esas sociedades se incluyen o no en las declaraciones juradas presentadas ya que, según indica el artículo 14 de la Ley de Ética Pública, los funcionarios deben incluir en las declaraciones patrimoniales sus antecedentes laborales. 

Según los documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación junto al diario alemán Süddeutsche Zeitung, Caputo, administró inversiones en las Islas Caimán y el estado de Delaware, pero son dos jurisdicciones en las que rigen el secreto y las ventajas fiscales.

Aranguren, por su parte, está más complicado ya que según señaló Unidad Ciudadana el 7 de noviembre, se desempeñó como director de una sociedad off shore radicada en Barbados, que fue beneficiada con contratos de venta de gasoil al Estado argentino por más de 150 millones de dólares, durante su gestión como ministro responsable del área.