Fallas metodológicas, falta de convocatoria al diálogo, invisibilización de distintas problemáticas sociales y hasta desinterés en resolver dificultades en la accesibilidad de la encuesta digital: ésas son sólo algunas de las críticas de parte de diversas organizaciones civiles que recibió el INDEC desde que comenzó a delinear el censo nacional de población que se completará este miércoles. Los cuestionamientos surgieron de colectivos de personas con discapacidad, en situación de calle, afrodescendientes y de pueblos originarios, que en su inmensa mayoría no fueron atendidas, según recogió Diagonales. 

Ya en febrero, la ONG Tejido de Profesionales Indígenas presentó una medida cautelar ante la justicia a fines de que el organismo modifique dos preguntas relacionadas con los Pueblos Originarios, luego de reclamar infructuosamente ser escuchados por las autoridades que lo diseñaron. 

El reclamo de esa agrupación apuntaba a las preguntas 23 del cuestionario, que “no visibiliza el nombre de los 39 pueblos originarios que habitan en Argentina”, y a la 24, que “no abarca la diversidad lingüística de la totalidad de la población indígena” del país. 

El INDEC, cuestionado: la metodología del censo acumula más denuncias

“En los 12 años que han pasado desde el último censo realizado en Argentina, cabe preguntarse si el cuestionario que se ha dispuesto para ser completado hasta mediados de mayo está a la altura de un Estado conformado por un territorio que habitan 39 pueblos indígenas”, cuestionaron. 

Más tarde se sumaron las organizaciones de personas en situación de calle. Una de ellas, Proyecto 7, realizó un acampe frente al organismo y hasta presentó una denuncia por discriminación ante el INADI contra su titular, Marco Lavagna. 

“El Indec nunca nos convocó a nosotros ni a ninguna de las organizaciones de compañeros en situación de calle para que tengamos una participación activa en la elaboración del censo”, dijo el referente de Proyecto 7, Horacio Ávila, y advirtió sobre el “subregistro” que tendrá el número final del censo sobre esa población. 

El conteo de cuántos argentinos viven en la calle será a partir de la noche de este lunes en los principales centros del país y fue coordinado entre el INDEC y el Instituto de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad, conducido por la oposición. “Es preocupante que el INDEC y su titular Marco Lavagna avale y tenga alguna connivencia con la metodología y los resultados mentirosos que el gobierno de Larreta viene sosteniendo hace años, el gobierno y partido al cual Lavagna pertenece y representa han sido uno de los principales cuestionadores  desde hace años de esta metodología que se inicia con el Gobierno Macrista”, dijeron desde la ONG. 

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Las organizaciones de Personas con Discapacidad, por su parte, también cuestionaron el censo, a través de una nota dirigida también a Lavagna “en la que le hacemos saber nuestro malestar por el carácter expulsivo e inaccesible para personas con discapacidad de la plataforma del censo digital”, dijeron sus firmantes, entre ellas  la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), la Asociación Azul por la Vida Independiente de las Personas con Discapacidad de la ciudad de La Plata y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). 

“Si bien las personas con discapacidad podemos pedir ayuda a gente de nuestro entorno o a alguna persona de apoyo que el Indec disponga para completar el formulario, ello no reemplaza la posibilidad de realizarlo de manera autónoma. Además, el tener que compartir la información con terceros vulnera el secreto de los datos personales y la intimidad individual de las personas con discapacidad que requieran contar con apoyos para completar el censo digital. Por otra parte, la posibilidad de responder las preguntas en la visita al domicilio no exime al Estado de cumplir con sus obligaciones en materia de accesibilidad”, denunciaron. 

“Este carácter expulsivo y discriminatorio de la web del censo digital vulnera los derechos de nuestro colectivo y es contrario a nuestra Constitución Nacional”, destacaron.