La causa Correo Argentino que salpica al Gobierno vuelve a hacer eco en la escena política. Es que el juez Federal Ariel Lijo rechazó esta semana el pedido de anulación de la causa por parte de Mauricio Macri y los representantes de la empresa Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher.

El magistrado rechazó un planteo en el que se pidió la nulidad del dictamen del fiscal y en otra desestimo una acción de los defensores que habían alegado inexistencia de delitos. El juez ratificó que pudo haber existido un accionar irregular por parte los representantes del Estado dirigido a beneficiar a una empresa privada en perjuicio de intereses públicos, tal como planteó el fiscal Gerardo Pollicita en diciembre pasado.

Cabe señalar que, dentro de la causa, uno de los principales señalados es el propio ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad, quien se desempeñaba como titular del Ente Regulador de Telecomunicaciones, cuando el organismo decidió no cobrar una multa de $279.505,98 al Correo Argentino, empresa que era controlada por el apellido Macri.

Los orígenes de la causa se remontan  a mediados de la década de los 90, cuando la privatización del Correo Argentino dejó a la empresa mayoritariamente en manos del grupo Macri-Socma por 30 años. La firma no pagó el canon estipulado y la deuda con el estado creció hasta que, en 2001, alcanzó los 296 millones de pesos. Una vez en el gobierno Nacional y con el Correo ya estatizado, Macri acordó que el propio grupo empresarial de su familia debía pagar al Estado unos 300 millones de pesos en 15 años. A fines de 2017, la fiscal Gabriela Boquín rechazó esa propuesta por considerarla “ruinosa, abusiva”.

Para ese entonces, los reclamos y demandas sostenían que la deuda ya superaba los 1.700 millones de pesos y la fiscal Boquín calculó que, para el año 2033, la pérdida del Estado argentino sería de 70.000 millones.

Tras pedidos de nulidad del caso, ahora el juez Lijo dictaminó dar “continuidad al proceso penal para poder adoptar una decisión de las cuestiones”.