El rechazo social que se disputan el Gobierno y la oposición

La discusión alrededor de los planes sociales y la protesta social viene siendo el tema que más temperatura levanta en la política en la última semana. Ante la negativa del Gobierno nacional a otorgar más planes, el Polo Obrero encabezó un acampe que paralizó la avenida 9 de julio durante dos días seguidos y generó una serie de expresiones en contra de la medida a ambos lados de la grieta.

El primero en manifestarse este lunes fue el Ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, quién afirmó que “Lo que quiere hacer esta gestión es generar empleo formal y decir basta de apretar a los argentinos de esta forma (piquetes); hay que buscar otra modalidad de protesta”, en relación a la medida de fuerza de la organización de izquierda. El funcionario nacional expresó también “Entendemos que hay derechos constitucionales y claramente los respetamos, pero basta de apretar a los argentinos” y agregó “sentimos que lo que pasa en la avenida 9 de Julio es de laburantes contra laburantes”.

Zabaleta marcó con claridad en esas declaraciones la postura del Gobierno nacional. Con las cuentas fiscales ajustadas por el acuerdo con el FMI, el Gobierno intenta plantearse ante las demandas de algunas organizaciones sociales por una mayor asistencia económica contra argumentando que su norte es la generación de puestos de trabajo genuinos. Desde las organizaciones, por su parte, se describe una situación que no da para más en los barrios y el planteo es que los sectores populares no resisten más ajuste.

La medida de fuerza de la semana pasada generó tal conmoción en el debate público que la oposición no quiso perder la oportunidad para intervenir, reforzando los discursos que más pregnancia tienen en su electorado. Este martes, el propio Horacio Rodríguez Larreta tomó la voz cantante y salió a jugar fuerte con declaraciones de alto voltaje. “Usan a la gente, ¿a alguien se le ocurre que la gente viene de forma espontánea? Esas colas de colectivos que había, uno tras otro. Los traen extorsionados que si no vienen les sacan el plan, porque el plan en vez de manejarlo el Estado como tiene que ser, los manejan organizaciones que los extorsionan” dijo el Jefe de Gobierno porteño en una conferencia de prensa armada para expresarse sobre este tema.

Pero no se quedó ahí. “Lo peor es que encima usan los chicos, los ponen como escudos junto a las mujeres para que la policía no los desaloje, son unos cobardes” disparó, para luego rematar con “por eso es que le pedimos al Gobierno que le saquen los planes sociales”. El ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, confirmó en diálogo con Clarín que la Ciudad le llevará una propuesta a Nación para dar de baja los planes sociales de las personas que corten una calle e impidan la circulación.

Rápidamente, Zabaleta le respondió a Larreta y a la postura de la CABA afirmando que “Hay que dejar de apretar a los argentinos y lo vuelvo a decir: no hay que cortar las calles. Tampoco el camino es amenazar con sacar una asistencia a quien lo necesita. Estamos reorientando la inversión social hacia la producción y el trabajo, vinculando planes con empleo registrado. Toda nuestra política pública está en ese sentido”.

Más allá de los cruces y las chicanas, la pregunta que surge de este intercambio entre ambos lados de la grieta es por qué tanto sectores del oficialismo como la oposición buscan posicionarse con tanta contundencia en rechazo a esa forma de protesta social. Una encuesta publicada recientemente por Analía del Franco Consultores puede arrojar algunas respuestas.

La medición, que consultó a 600 participantes del AMBA entre el 29 de marzo y el 1 de abril, mostró una importante aceptación de los planes sociales. Dos tercios de los consultados se expresaron a favor de los mismos, mientras que sólo un 25% respondió estar en contra. Sin embargo, del 66,7% que se manifestó a favor, un 52,3% eligió la opción “estoy a favor sólo en algunos casos”.

Sin embargo, esas posiciones se complejizan a medida que la encuesta avanza. Consultados por el grado de acuerdo con lo que expresó el Ministro Zabaleta sobre que no se van a dar más altas de planes sociales para así priorizar el empleo genuino, un 54,2% se manifestó muy de acuerdo y el 30,3% de acuerdo. Entre ambas posturas sumaron un 84,5% de aceptación a la postura del Ministerio  de Desarrollo Social. Por otro lado, el 56,6% respondió creer que las organizaciones sociales están de acuerdo con esa postura del Ministro, mientras que un 34,1% dijo pensar que los movimientos sociales estaban en desacuerdo con ese planteo.

En la misma línea del apoyo a la postura de Zabaleta estuvo el rechazo expresado a la decisión del Polo Obrero de acampar en la 9 de Julio como forma de protesta. El 45,6% dijo estar muy en desacuerdo y 34,9% en desacuerdo, totalizando un 80,5% de rechazo a la medida. Un 5,8% expresó estar muy de acuerdo con la protesta y el 8,2% de acuerdo, sumando 14% de aprobación.

A su vez, la encuesta consultó a los participantes si estaban de acuerdo o no con la decisión de Zabaleta de no negociar bajo la presión del acampe como forma de reclamo. El 77,8% dijo estar de acuerdo con la postura del Ministro y sólo un 11,9% se expresó en desacuerdo.

Una última pregunta planteó a los encuestados qué debería hacer Zabaleta ante la demanda del Polo Obrero por recibir más planes sociales, y las respuestas fueron en línea con todo lo anterior. Un 63,9% eligió la opción “no ceder ante esta demanda”, el 16,1% expresó “ceder en parte ante la demanda” y sólo el 5% dijo que Zabaleta debería “ceder ante la demanda”.

Estos números reflejan un importante rechazo no tanto a los planes sociales sino fundamentalmente a los métodos de protesta, y pueden leerse como un espaldarazo a la decisión del Ministro en cómo encarar el reclamo de las organizaciones. La línea de transformar planes en trabajo genuino y de mostrar firmeza en esa decisión, incluso enfrentándose a las organizaciones, parecería ser la postura que mejor sienta en la opinión pública y desde allí puede entenderse el fuego cruzado entre Zabaleta y Larreta por representar esa posición.

Este martes, en medio de toda esta discusión, los beneficiarios y beneficiarias del programa Potenciar Trabajo cobraban el bono de $6000 que el propio Zabaleta anunció hace menos de un mes como refuerzo frente a la crisis inflacionaria. A su vez, el próximo jueves a las 15 horas habrá una nueva reunión entre el Ministro y Unidad Piquetera, el conglomerado de organizaciones sociales que no están encuadradas en el Frente de Todos, para intentar destrabar el conflicto.

De no llegar a un acuerdo, las organizaciones ya declararon que avanzarán con medidas que ya fueron votadas por sus bases, como movilizaciones, cortes de calles, u acampe de 72 horas en la 9 de julio y una marcha federal. Por su parte, el Jefe de Gobierno porteño ya avisó que la Policía de la Ciudad no permitirá nuevos acampes y pidió al Gobierno nacional que cierre los accesos a la CABA para evitar que las organizaciones se desplacen del conurbano a la ciudad.

En plena crisis económica y con el condicionante del acuerdo con el FMI y la necesidad del Gobierno de ir hacia un equilibrio fiscal, esta problemática seguirá siendo seguramente una de las brasas más calientes de la política argentina en los próximos meses.