En el Frente de Todos no hay acuerdo por la ley de Alquileres y se estiran los plazos del debate
Un grupo de legisladores, que defiende la ley vigente, podría plantear esperar al censo del INDEC para tener datos precisos sobre la situación de los inquilinos y del mercado para tomar decisiones.
La falta de síntesis al interior del Frente de Todos puso en serio riesgo el avance en Diputados de la nueva ley de alquileres. Un sector del bloque del oficialismo frena por ahora el avance de un acuerdo porque no está dispuesto a introducir las modificaciones “regresivas” a la norma vigente que reclaman las Cámaras Inmobiliarias, como la reducción de la duración de los contratos de tres a dos años y la eliminación de la regulación estatal de los aumentos.
“Pensaron que esto era soplar y hacer botellas, pero la realidad es que somos varios los que cada vez decimos con más claridad que no vamos a avalar una ley regresiva, que quite derechos conquistados. Por eso no hay acuerdo fácil y la discusión va a llevar su tiempo. Esa es al menos la foto de hoy”, explicó a Diagonales un legislador del Frente de Todos.
El dictamen unificado, que era una certeza la semana pasada, entró este martes en una zona gris y obligó a postergar los tiempos. Cuando arrancó el debate en la Cámara baja, hace tres semanas, estaba todo listo para un trámite expeditivo. Al menos en eso confiaba un sector del massismo, que había llegado a un acuerdo con la oposición para emitir dictamen en 30 días hábiles, un plazo que según confirmaron distintas fuentes parlamentarias está muy lejos de concretarse.
Los diputados y las diputadas de la Comisión de Legislación General recién expondrán sus argumentos a favor y en contra de las modificaciones a partir de la semana que viene. Una de las iniciativas que llevarán desde el sector que defiende la norma vigente sería la de esperar a que el INDEC concluya el Censo Nacional para tener datos oficiales sobre la situación de los inquilinos, como para poder tomar una decisión basada en la realidad concreta de la situación.
El censo, además, permitiría acceder también a información concreta sobre el mercado de alquileres, de una complejidad mayor dado su alto grado de informalidad. De hecho, sólo 230 mil de los 3 millones de contratos de alquiler vigentes fueron declarados en la AFIP, según confirmó el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi. Uno de los datos que podría confirmar el INDEC es la cantidad real de viviendas ociosas en las grandes ciudades, que fomentan la especulación inmobiliaria y presionan sobre los precios.
Esa información, en principio, ayudaría a respaldar la idea de que los problemas que atraviesa el mercado, como los altos precios, la merma en la oferta de inmuebles y la pérdida de rentabilidad de las inmobiliarias tienen más que ver con el contexto general del sector y la alta inflación que con la ley en sí.
"No soy de los que creen que la ley aprobada en 2020 sea el problema", dijo el titular del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, que actuó este martes como el portavoz de esa posición.
“La ley actual fue trabajada durante mucho tiempo, ya hubo mucho debate en su momento y las asociaciones de inquilinos la acompañaron porque por primera vez se regulaba una relación desigual y se establecía un piso de derechos. La ley entró en vigencia hace poco más de un año, no es el tiempo suficiente para que sea evaluada como tan mala y culpable de todos los problemas, como señalan los grupos concentrados, que defienden sus intereses. Se pueden introducir algunos cambios, sí, se puede mejorar, pero siempre pensando en los inquilinos. Por ejemplo, poniendo un tope a los aumentos”, fue más allá la diputada Mara Brawer, en diálogo con este medio.
La idea de esperar al INDEC también estiraría los plazos del debate, por supuesto. Tras el consenso al que llegó Sergio Massa con la oposición para que la norma se debata en Legislación General, se había propuesto un límite de 30 días hábiles, pero será difícil cumplirlo, salvo que primen otro tipo de acuerdos y el Frente de Todos se parta en un voto dividido, tal como sucedió con la votación del FMI. La pelota, ahora, la tiene el propio presidente de la Cámara baja, uno de los primeros dirigentes del oficialismo en decir públicamente que la ley había “fracasado”.
Sobre la mesa hay dos proyectos firmes del Frente de Todos, uno presentado por Gisela Marziotta y otro por José Luis Gioja. Ambos proponen, con algunas diferencias, profundizar la ley vigente y hasta establecen topes a los aumentos. La diputada massista Marcela Passo había empezado a trabajar en el suyo propio a fines del año pasado. De parte de Juntos por el Cambio, más permeable al lobby inmobiliario, la idea general era voltear directamente la ley vigente, pero retrocedió tras acordar con el propio Massa. El proyecto Alberto Asseff es el que más trasluce esa posición.
“Durante el debate quedó más que claro que las organizaciones estamos para defender la ley vigente. Logramos demostrar además que ese discurso de las cámaras de que cambiar la ley beneficiaba a los inquilinos era una mentira”, explicaba un referente de una de las organizaciones.