Un nuevo escándalo sacude las filas de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso de la Nación y tiene como protagonista al diputado Santiago Pauli por audios filtrados en los que devela una oscura trama de desvío de fondos públicos para la campaña del oficialismo. Los mensajes revelan amenazas del dirigente libertario contra sus propios asesores, a quienes les exigía que aporten “el 100% del desarraigo”, que es parte de su dieta como funcionarios públicos, “para el partido” en Tierra del Fuego.

“Voy a dar de baja todos los contratos y vamos a poner gente que cobre y nos pase el 100% del desarraigo”, advirtió el legislador en uno de los audios dados a conocer este lunes por Bardeo News. En las grabaciones, que ya se encuentran en manos de la Justicia, el referente libertario blanqueaba que designó a su equipo de trabajo en el Congreso para quedarse con el componente de “desarraigo” que cobran de fondos públicos y destinarlo a la campaña de LLA.

Los mensajes forman parte de una charla con el puntero “Rolo” Correa, quien posteriormente llevó el caso a la Justicia y aportó los audios. En la conversación, Pauli alegaba que “el desarraigo no es sueldo” y que tiene que ir “para el partido” antes de las elecciones: “Lo demás es de ustedes, no te lo vamos a pedir. El tema es que nadie la está poniendo, y así un montón de meses…”. Incluso insistía: “Cuando firmamos hubo un acuerdo, el desarraigo es para el partido. Esto ya lo charlamos”.

En otra grabación aludía: “Quiero que te pongas del otro lado. Yo tengo cuatro personas con las que acordamos que el 100% del sueldo era para ellos y el desarraigo era para el partido y no están cumpliendo. La plata del desarraigo no es de ustedes”. Además, afirmaba que se están “endeudando” con el candidato libertario Miguel Rodríguez en Tierra del Fuego: “Yo estoy poniendo arriba de un millón y medio de pesos para bancar los gastos del partido y él está poniendo un millón”.

Cabe recordar que el desarraigo, que en ese momento equivalía a casi $500.000 mensuales, es una parte fundamental de la dieta de los legisladores y de sus asesores en los casos en que residen en provincias del interior, lejos del Congreso de la Nación. Se trata de dinero público que el Estado paga a los funcionarios para compensar sus gastos de hospedaje y otros costos derivados de los viajes y la estadía en la Ciudad de Buenos Aires; no para financiar la campaña provincial del partido.