Durante dos jueves consecutivos, los senadores de la oposición intentaron voltear la ley de alquileres. Finalmente fracasaron: el proyecto que venía con media sanción de Diputados para garantizar un equilibrio en la relación propietario-inquilino se votó antes de ayer, muy a su pesar y sin su presencia: los 29 legisladores de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal se retiraron del recinto antes que se votara afirmativo.

Si se revisan las declaraciones juradas de los senadores opositores, se entiende por qué intentaron boicotear la ley y prefirieron ausentarse para salvar la contradicción de tener que votar en contra: la enorme mayoría de ellos tienen más de una vivienda propia, una para habitar y otra como inversión; hay algunos con perfil progresista con más de un departamento en alquiler en capital federal y hasta hay un caso de un acérrimo antikirchnerista del sur del país que tiene una inmobiliaria con su nombre y apellido.

El senador nacional por Santa Cruz de la Unión Cívica Radical, Eduardo Costa, un histórico opositor a Cristina Kirchner, posee el 14,3 por ciento de las acciones de Carlos Costa SA (empresa que lleva el nombre de su padre, un millonario empresario con fortuna diversificada desde los 70s), que brinda servicios inmobiliarios. El senador declaró en total más de 200 millones de pesos y 4 millones de dólares de patrimonio, compuesto en parte por seis campos repartidos entre Calafate y Ríos Gallegos, donde además tiene una propiedad 350 metros cuadrados destina a “inversión”.

Segundo en la escala de intereses contradictorios con la ley que favorece a los inquilinos está Martín “Guga” Lousteau, quien estuvo presente el jueves en el recinto hasta el momento previo a votarla. Tiene 3 departamentos, de 75, 120 y 196 metros cuadrados en capital destinados a alquiler, que además declaró como una parte importante de sus ingresos.

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“Adivinen qué senador que ahora se está levantando tiene viviendas en alquiler”, fue la chicana que le dedicaron en plena sesión a “Guga” desde Inquilinos Agrupados, una de las principales agrupaciones que impulsaron el proyecto. A su favor, queda en el registro que Lousteau votó a favor del proyecto desde la banca de diputados que ocupó hasta el 10 de diciembre pasado.

El resto de los integrantes del interbloque, entre radicales del interior y las espadas del macrismo duro, también se encontraban muy lejos de empatizar con los inquilinos, que según distintos informes destinan en su mayoría más del 40 por ciento de su sueldo en el alquiler, ni hablar de las suntuosas comisiones de las inmobiliarias, los depósitos por adelantado, los aumentos por encima de la inflación y el costo de los arreglos.

Entre ellos, el jefe del bloque del Pro, Humberto Schiavoni. El misionero declaró tener tres terrenos, uno con casa incluida, tasados en más de tres millones de dólares en Ingeniero Pablo Nogués, distrito bonaerense donde se ubica el Country San Carlos. Además de su casa en Misiones, Schiavoni comparte la propiedad de dos departamentos destinados a “inversión” en capital federal. Una curiosidad: en ninguno de los casos de su DDJJ especificó la cantidad de metros cuadrados de cada uno de los inmuebles.

Otro que figura en la lista con muchos bienes inmuebles a su nombre es Julio “Cleto” Cobos. El ex vicepresidente tiene tres casas de 80m2 en Mendoza Capital, de las cuales una sóla, según declaró, utiliza como su casa. También es propietario de un departamento en la misma Ciudad y de un terreno en Luján de Cuyo de más de media hectárea, que se compró en 2017. Otra que se compró un terrenito recientemente es Gladys González, en Bolívar, de más de 800 m2, en 2018, donde ya tenía una mansión de 1600 m2 en Country Quintas, y que se suma en su departamento propio, con cochera, de 150m2 en capital federal.