A poco de dejar el poder, Mauricio Macri se ocupó de firmar dos decretos a modo de “herencia”. El 28 de octubre, 24 horas después de su derrota en las elecciones generales, firmó el DNU 740/19 y le transfirió tierras del Estado valuadas en 16 mil millones de pesos al Gobierno de la Ciudad. Dos semanas antes del traspaso de mando, a través del DNU 788/19, buscó extender la duración del contrato de unos 3000 funcionarios jerárquicos, con cargos políticos y sueldos por encima de los 100 mil pesos, por otros cinco años. Alberto Fernández ya mandó a “revisar” ambas decisiones. El primero de los decretos está siendo investigado por la Agencia de Bienes del Estado (AABE), y a Macri ya le valió una denuncia penal por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sobre el segundo se produjo una novedad hoy: más contemplativo y con la excusa de la pandemia, Fernández decidió dar un “changüí” hasta octubre para tomar una decisión sobre la continuidad o no de cada uno de los “funcionariosPro” que persisten atornillados a sus sillas desde el cambio de gobierno.

En la función pública es un secreto a voces que los cargos políticos están, precisamente, atados a los resultados políticos. Casi todos se van con el Gobierno con el que llegaron. Pero sabiendo que podía perder, Macri primereó a todos y, en la negociación paritaria con UPCN en julio del año pasado, incluyó una cláusula de nombre curioso: “Acuerdos de Gestión para la Alta Administración Pública”. En lo concreto, no era más que un plan de Andrés Ibarra, ex ministro de Modernización, ideado para permitir que esos contratos jerárquicos permanecieran pese al cambio de Gobierno.

Antes de irse, Macri homologó el acuerdo paritario a través del DNU en cuestión y creyó asegurarse que los suyos seguirían en la gestión bajo el gobierno de Fernández. El problema surge hoy con más claridad, cuando el Estado propuso pagar en cuotas los aguinaldos de los trabajadores porque no le alcanza la caja para hacerlo.

Consultado por el tema, el senador Federico Pinedo dijo que los cargos jerárquicos Pro se habían ganado un lugar “por concurso”, pero mintió. Tal como adelantó Diagonales el año pasado, se trata de directores y jefe de área ligados al macrismo, lo que se dice, en el propio lenguaje del gobierno anterior, “grasa militante”, o lisa y llanamente “ñoquis”. Curioso que un gobierno como el de Macri que llegó con 30 mil despidos en la gestión pública con la excusa de achicar el gasto, buscara antes de salir del poder dejar 3 mil ñoquis con semejante sueldo.

En palabras de los propios sindicalistas consultados por este medio, el acuerdo no fue más que “una suerte de engendro administrativo para que todos los funcionarios que metió el macrismo sobrevivan a un próximo gobierno y a la vez aumentar el salario de este sector”, tal como lo describió el secretario gremial de ATE Capital, Hugo Bellón.

Alberto ya se había puesto un plazo de seis meses para terminar el tema, que se vencían a fin de este mes. En su momento, había calificado el DNU de Macri como “una disrupción y una desigualdad en la carrera del personal de la administración pública”, al tiempo que no se “constataría una relación razonable con las escalas salariales”. Cumplido el plazo, se puso hasta octubre para tomar una decisión final.