El fiscal federal Ramiro González desestimó la posibilidad de reimprimir la totalidad de las boletas electorales en la provincia de Buenos Aires y avaló la decisión de la Junta Electoral Nacional. En su dictamen, González fundamentó su postura en informes técnicos del Correo Argentino y de la Dirección Nacional Electoral y dejó claro que la cuestión definitiva corresponderá resolverla a la Cámara Nacional Electoral.

La solicitud de reimpresión fue promovida por la alianza La Libertad Avanza, que pretendía modificar las boletas porque en ellas figura la imagen de José Luis Espert. Sin embargo, los informes técnicos detallaron los procesos ya realizados sobre el material impreso —verificación de calidad, numeración, encuadernado, cortes y pasos previos a la entrega como escaneo, encintado, control final y armado de bolsines— y concluyeron que no existe margen temporal suficiente para volver a imprimir y distribuir un nuevo instrumento de votación antes de la fecha fijada para los comicios.

González remarcó además aspectos legales y procesales: señaló que el 11 de octubre fue la fecha límite para enviar los archivos a imprenta y que la confirmación reciente de la lista de candidatos de la Alianza La Libertad Avanza impidió realizar las pruebas y aprobar un modelo definitivo conforme exige la normativa electoral. En ese contexto, sostuvo que ordenar una nueva impresión de los talonarios sería “inoficioso e ineficaz” aun atendiendo las previsiones planteadas por los recurrentes.

En su texto, el fiscal repasó antecedentes en los que el Ministerio Público Fiscal y la Cámara Nacional Electoral intervinieron para evitar confusiones de orden ideológico o material vinculadas a la confección de boletas: disputas por colores de agrupaciones, modificaciones de nombres y la incorporación de apodos, entre otras controversias. González subrayó que, en esos casos, la actuación del fuero electoral buscó siempre asegurar, en tiempo y forma, el análisis y resolución de los reclamos de las distintas fuerzas políticas, priorizando el principio del voto libre e informado.

La última palabra sobre el reclamo de La Libertad Avanza corresponderá a la Cámara Nacional Electoral, que deberá evaluar los argumentos presentados y definir si corresponde algún remedio extraordinario o si se mantiene la documentación tal como fue aprobada y remitida a imprenta.