Fuerte denuncia contra la jueza Arroyo Salgado tras la detención arbitraria de militantes peronistas
Los diputados nacionales Mariano Recalde y Vanesa Siley hicieron una presentación ante el Consejo de la Magistratura por el accionar de la funcionaria judicial en la causa por el escrache a la casa de Luis Espert
Este viernes los diputados nacionales Mariano Recalde y Vanesa Siley presentaron una denuncia contra la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ante en Consejo de la Magistratura de la Nación, por la “detención ilegal” de cinco militantes políticos en el marco de la causa iniciada por el escrache a la casa de Luis Espert.
En su presentación, los legisladores acusaron a la funcionaria judicial de “mal desempeño” en el ejercicio de sus funciones tras “detener arbitrariamente a militantes peronistas, en su mayoría mujeres”.
Además, denunciaron que por orden de la magistrada, se mantiene incomunicadas a las mujeres y en una carcel de máxima seguridad “por un hecho que como máximo podría representar una contravención municipal”.
La denuncia asegura que la titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro Nro.1 de la provincia de Buenos Aires incurrió en mal desempeño “en el ejercicio de sus funciones en razón de los hechos que han tomado estado público en el marco de la investigación sobre la instalación de un pasacalle y bolsas de excremento en el frente de la casa de un diputado nacional, y por el que se encuentran detenidas e incomunicadas distintas personas a quienes no se ha probado su participación o vinculación con los hechos ni se ha dictado auto de mérito”.
En el documento, los diputados resaltan que las cinco personas detenidas “son figuras públicas que manifiestan su oposición a las políticas que lleva adelante el gobierno nacional”; hecho que no consideran menor ni casual.
Se trata de Alesia Abaigar, Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes. Para los denunciantes, las personas detenidas “están sufriendo un acto de persecución por realizar acciones políticas simbólicas, sin que hubiera violencia ni afectara bienes de nadie”.
Por todos estos motivo, afirman que la jueza Arroyo Salgado "desconoció el derecho de manera inexcusable, incumplió la Constitución Nacional, como así también las normas legales y
reglamentarias y realizó actos de manifiesta arbitrariedad".