El gobernador jujeño Gerardo Morales volvió a quedar en el centro de una polémica ante el rechazo generado por un reciente decreto que, según denuncian, “criminaliza la protesta” social. Así lo demostró la presentación realizada por el Frente de Todos y el Frente de Izquierda en Jujuy, al señalar que la medida atenta contra el derecho democrático a la huelga y amenaza con “multas y sanciones” a quienes impidan la “libre circulación y tránsito”.

Según informaron, el decreto nº 8464 lanzado por Morales modificó el artículo 113 de la Ley N° 5860 “Código Contravencional de la Provincia de Jujuy” para “garantizar en forma efectiva los derechos de libre tránsito y circulación”, a la vez que actualiza el régimen de contravenciones y penas para respaldar facultades preventivas y punitivas.

“Este decreto sale justamente cuando hay movilizaciones de la docencia jujeña que viene hace varios días con un plan de lucha en toda la provincia al cual se sumaron diversos sectores no solo de la administración pública”, indicó la dirigente del FIT-U, Natalia Morales, según consignó la agencia Télam.

Cabe recordar que Morales se encuentra en plena actividad de campaña tras haberse lanzado como precandidato presidencial por el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, alineado al sector de Horacio Rodríguez Larreta. En ese marco, las medidas del mandatario se reparten entre su gestión territorial y su imagen pública de cara a los comicios nacionales.

En ese marco, este decreto se conoció enmarcado en la serie de protestas que vienen desarrollando docentes locales en reclamo de recomposiciones salariales y en contra de una reforma constitucional que, según sostienen, “quita derechos”. 

Por su parte, el decreto en su artículo primero sostiene que serán “sancionados con hasta mil Unidades de Multa (1.000 UM), quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”. Este tipo de elementos fueron tomado como una amenaza al derecho a la protesta.

“Pretenden atacar a los sectores que están en las calles. Además, amenazan con dejar cesante a los empleados públicos, inhabilitarlos, y quintuplican las multas con penas de hasta 8 millones de pesos por ejemplo”, señaló Natalia Morales.