La Gendarmería Nacional cerró el expediente administrativo que investigaba la actuación de sus efectivos durante la represión del pasado 12 de marzo frente al Congreso y el disparo a la cabeza con una pistola lanzagases al fotógrafo Pablo Grillo. La investigación interna finalizó en tiempo récord y concluyó que la culpa fue del trabajador de prensa por ubicarse en la línea de tiro, y no del gendarme que violó los protocolos. 

Es que lejos de llevar una investigación profunda sobre lo ocurrido, la fuerza federal se limitó a escuchar el testimonio de los efectivos actuantes y el relato del cabo Héctor Guerrero, quien efectuó el disparo. Todos ellos aseguraron que el gendarme actuó correctamente y que efectuó el disparo hacia el suelo, pero que el proyectil rebotó dos veces y que por ese motivo impactó en la cabeza del fotógrafo. 

Los múltiples videos de ese día muestran otra realidad: Guerrero disparó en línea recta y en dirección a donde se encontraba Pablo Grillo. Sin embargo, los videos no fueron incluidos en el expediente. 

El informe de Gendarmería sostiene que el disparo que puso en riesgo la vida del fotógrafo fue un “hecho fortuito”, producto de la mala visibilidad y de la “imprudencia” de la víctima por ubicarse "en la línea de tiro".

Por ese motivo, la fuerza federal no formuló ningún reproche disciplinario y Héctor Guerrero sigue en funciones. 

Para la familia Grillo, el expediente “revela múltiples falencias que comprometen la seriedad y objetividad de la investigación interna”.

“Lejos de constituir un proceso orientado al esclarecimiento de los hechos y la atribución de responsabilidades, el trámite interno operó como una mera formalidad diseñada para avalar los comportamientos de sus efectivos y encubrir cualquier conducta que haya puesto en peligro la vida de los manifestantes”, advirtieron desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos y del CELS, que actúan como querellantes en la causa judicial.

El 17 de marzo, cinco días después de la represión, el Comandante de la Región I, Marcelo Porra Melconian, ordenó iniciar la Información Administrativa N° 01/25 para "corroborar o desvirtuar responsabilidades disciplinarias del personal del Destacamento Móvil 6", producto de una intensa presión social y mediática.

Ese mismo día designó como sumariante al Comandante Mayor Adrián Barressi, quien ya al día siguiente emitió su “informe final”, en el que concluyó que no había motivo para reproche disciplinario alguno.

Ese mismo 18 de marzo, el asesor jurídico José Carlos Lodolo emitió dictamen coincidente y convalidó la versión oficial. El 19 de marzo, Porra Melconian cerró formalmente el sumario.

Días más tarde, se reabrió el expediente para ampliar declaraciones de efectivos, detallar la nómina del personal actuante, precisar el uso de granadas y medios disuasivos, incorporar partes médicos y realizar una pericia sobre “la mecánica del hecho que dejó a un fotógrafo herido”.

A pesar de la prueba incorporada, el segundo dictamen reiteró que no correspondía formular reproches disciplinarios y el 29 de abril, se cerró nuevamente la investigación administrativa.