Se veía venir y se vino nomás. Menos de una semana duró la euforia de la unidad mundialista tras la obtención de la Copa del Mundo por parte de la selección argentina, para que el país volviera a su dinámica habitual de todos contra todos. El actor detonante resulta, una vez más, el degradadísimo Poder Judicial de la nación, en esta ocasión representado por su máximo estamento, la Corte Suprema de Justicia. Basta mirar cualquier encuesta de opinión para observar que la justicia argentina es, producto de su permanente injerencia política y cuasi partidaria, la institución con peor imagen en la sociedad.

El Tribunal Supremo falló en contra de las provincias argentinas y a favor de la CABA, ordenando restituir la coparticipación de fondos federales para ese distrito a los niveles indefendibles a los que los había llevado en forma unilateral Mauricio Macri. Así, en el ejercicio 2023, el territorio más rico del país deberá recibir el 2,95% de la coparticipación si es que el Ejecutivo nacional acata el fallo de la Corte. Esto significa pasar del 1,4% que recibe desde el 2020, año en que el Gobierno le quitó ese excedente que Macri había otorgado a la Ciudad, a más del doble. En números concretos, se trata de unos 180 mil millones de pesos adicionales a lo que ya percibe, una caja más que apetecible para el año electoral que encarará el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

Ante esta situación, la Liga de Gobernadores salió con los tapones de punta a presionar al Ejecutivo nacional para obtener su respaldo en la postura de oponerse al fallo. Este jueves hubo reunión en la Rosada de la cual participaron 14 mandatarios provinciales y representantes del Gobierno nacional para consensuar una salida. Estuvieron Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos), y en forma virtual participaron Jorge Capitanich (Chaco), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones).

De parte del albertismo, los representantes fueron la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, el vicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos, quien empieza a funcionar como el Jefe de Gabinete de facto ante la inminente vuelta de Juan Manzur hacia Tucumán, y el secretario general de la Presidencia y hombre de máxima confianza de Alberto Fernández, Julio Vitobello. En términos de ausencias, resonaron los faltazos de Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Omar Perotti (Santa Fe), este último cada vez más alejado del FDT y próximo a una opción centrista para el 2023 junto al cordobés Juan Schiaretti.

Gobernadores peronistas a la guerra con la Corte y el rol clave de La Cámpora en la disputa

De ese encuentro surgió un durísimo comunicado a través del cual el oficialismo calificó de “inédito, incongruente y de imposible cumplimiento” el fallo de la Corte, del cual afirmaron también que “sostiene, de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas”. Los mandatarios provinciales y el Ejecutivo nacional resaltaron que esos fondos saldrán del presupuesto 2023 que se ejecuta en políticas públicas en todo el territorio nacional.

“En síntesis, en un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA” sentencia el comunicado,  la vez que expresa su “imposible cumplimiento” debido a que el presupuesto para el año que viene ya fue aprobado sin tener en cuenta esta nueva distribución de recursos ordenada por el Supremo Tribunal.

Por último y como punto más caliente de la decisión del FDT, el comunicado dio a conocer que Alberto Fernández “n ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada”. Los gobernadores, a su vez, manifestaron que buscarán ser tenidos por parte en el expediente acompañando el pedido de recusación y la revocación de la decisión de la Corte.

Esta decisión traerá, sin dudas, fuertes coletazos políticos y judiciales. Inmediatamente de conocida la postura oficialista, ya saltaron voces de la oposición como Lilita Carrió a manifestar que denunciarán penalmente al Presidente y pedirán su juicio político si no respeta el fallo, enuna actitud que catalogaron de un ataque a la constitución y la república. Lo cierto es que, si el oficialismo llegaba a fin de año totalmente partido, con cada uno de sus actores haciendo jugadas propias y sin una causa común, basta ver que ni siquiera lograron capitalizar el título mundial de Messi y los suyos, esta nueva confrontación abre las puertas a una nueva unidad posible a partir de la delimitación de un enemigo común en la CABA y la justicia que logre articular al Gobierno nacional y las provincias.

Otra historia será el cómo logrará efectivizar el FDT esa negativa a cumplir el fallo de la Corte. Allí, un rol central estará en mano de La Cámpora. Y es que, a pesar de que quien debe efectuar en concreto la distribución de los recursos coparticipables es el Ministerio de Economía, antes el proceso exige un decreto del Ministerio de Interior que instrumente cómo debe ser esa distribución entre las provincias y autorice a Economía a efectuar las transferencias.

De esta manera, más allá de pronunciación del Presidente y los gobernadores, quien tendrá en sus pies el último penal o en sus manos la firma definitiva, será el camporista Eduardo Wado De Pedro. Esta situación reviste un arma de doble filo para el posible elegido del kirchnerismo para una eventual candidatura presidencial. Por un lado, lo catapultará al centro de la escena si es que finalmente termina siendo el dique de contención final para que no se cumpla el fallo de la Corte. En coso de ser candidato a Presidente como se especula, De Pedro deberá revertir fundamentalmente su falta de conocimiento en la sociedad, y una situación como esta que lo encumbre en la primera línea de la disputa del oficialismo con la oposición puede resultarle una oportunidad única.

Pero, por otro lado, su propio cargo institucional puede verse afectado en la línea de responsabilidades que sean pasibles de ser sometidas a un juicio político por el incumplimiento del fallo. Con la permanente exposición del ministro en todo lo que tiene que ver con el enfrentamiento K con la justicia, es esperable que haya magistrados haciendo fila para encarar una ofensiva judicial en su contra si es que termina poniéndose la banda de capitán en esta causa del oficialismo.

Rápidamente Argentina vuelve a ser Argentina, con una sociedad aún festejando la Copa del Mundo y los estamentos de poder dirimiendo posiciones de cara al año electoral que se viene y alejados del sentir popular. Quién saldrá favorecido por esta situación en última instancia es difícil de arriesgar. Lo concreto es que este es recién el primer capítulo de una novela que atravesará el 2023 y que puede terminar definiendo quién será el próximo presidente.