Por haber recibido amenazas y un ataque del grupo Revolución Federal, Juan Grabois se constituyó como querellante en la causa a cargo del juez Martinez de Giorgi y el fiscal Pollicita que investiga el accionar de esta organización, sus vínculos y financiamiento. “Aportamos pruebas que demuestran el rol de Revolución Federal en una organización más compleja, además de la conexidad entre esta causa y la del atentado contra CFK”, detalló Grabois en un hilo de Twitter.

El dirigente social denunció “un mecanismo de impunidad para una organización criminal compleja enraizada en sectores de mucho poder político y económico”.

Uno de los elementos aportados por Grabois es “la revelación de la identidad del sujeto identificado en el expediente como ´Dali Revolución´, la persona que ofreció, días antes del atentado contra CFK, un arma para asesinarla. Esta persona tuvo contacto con Uliarte en al menos una ocasión”, detalla en Twitter.

Además remarca que “la identificación de Casiano es clave porque la oferta de un arma homicida pocos días antes del atentado constituye un nexo incuestionable entre ambas causas que obliga a unificarlas e investigarlas debidamente”.

“En el celular de Montiel aparecían dos teléfonos bajo el mismo nombre de contacto. Se trataba de dos personas distintas, las dos con el alias ´Dali Revolución´, ambas partícipes de la organización criminal. Una es Angelica Dalila Monti, otra es Lidia Margarita Casiano”, explica Grabois y agrega que “Casiano utilizaba para sus comunicaciones la línea 114997** a nombre de Ortabe Ruben Daniel, su socio en SUM OMIX SRL. Fue activa en los ataques de Basile y Morel contra dirigentes, participaba en los grupos de RF y difundía amenazas y discursos de odio en redes sociales”.

“Bochornosamente, ninguna está imputada porque la fiscalía 11 "no logró" identificarlas en ocho meses. ¿Negligencia o complicidad”, cuestionó Grabois y sostuvo que  “la "no-identificación" de Casiano y Monti podría ser otro hecho de incompetencia judicial. Sin embargo, estoy convencido de que es algo aún peor: un mecanismo de impunidad para una organización criminal compleja enraizada en sectores de mucho poder político y económico”.

También cuestionó al fiscal Pollicita por no concretar las medidas de pruebas solicitada por su querella “para determinar la grotesca simulación en la operación comercial que encubrió el financiamiento millonario de RF por parte de la Familia Caputo” y cuestionó que tampoco investigó la conexión de Revolución Federal “con sectores políticos que le permitieron usar el inmueble de San Isidro como su sede bajo la tapadera de una carpintería. El mismo inmueble que años atrás era un centro social del intendente Posse, visitado por Macri en 2016. Ninguno fue citado”.

Grabois detalla que “la oferta del arma, el contacto entre RF y Uliarte, la presencia de integrantes de RF en el edificio que habita CFK y los llamamientos a la violencia armada realizados por RF con posible financiamiento de la Flia Caputo son elementos más que suficientes para unificar las causas” sumado a que “La relación de Milman (posible instigador) y Uliarte (grupo operativo de tareas) con RF (grupo político de superficie) están probadas con material fílmico y fotográfico que los muestran ubicados en un mismo tiempo y lugar (hechos "Guillotina" y "Antorchas")”.

"No puede desconocerse las extrañas coincidencias que rodean a Milman: sus dichos en Ucrania donde declaraba a CFK enemiga de ese país en el marco de una guerra, su proyecto de ley que predijo el atentado, su presencia en las acciones de RF, sus dichos en el Restaurante Casablanca”, señaló y aseguró que la limpieza de las pruebas de su celular y el de sus asesoras “es una clara obstrucción en la investigación y causal de prisión preventiva”.

Finalmente, denunció la complicidad de la Justicia: “Llamativamente, mientras avanzábamos en la demostración irrefutable de este nexo, la Fiscalía 2 a cargo del Dr. Carlos Rivolo decidió cerrar la investigación para reducirla a un hecho aislado de una suerte de inverosímil start-up criminal sin conexiones políticas ni operativas. Si la actuación de Pollicita y Martínez De Giorgi es cuanto menos negligente, la de Carlos Rivolo y Capucchetti es de una complicidad absolutamente con los instigadores, financistas y autores intelectuales de este gravísimo crimen”. “Hay demasiados cabos sueltos para clausurar una investigación del hecho de violencia política más grave en décadas y demasiadas coincidencias para mantener los expedientes separados. Permitir este pacto de impunidad es un nuevo atentado contra la democracia”.