Está previsto que el calendario electoral 2021 se desarrolle del siguiente modo: en agosto, las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO); en octubre, las elecciones generales para renovar las bancas de 127 diputados y 24 senadores. La convocatoria para las PASO debe efectuarse con una antelación de al menos 90 días. La inscripción de las alianzas vence 60 días antes de las PASO y 10 días más tarde expira la inscripción de las precandidaturas.

Sin embargo, la anómala y excepcional situación transitada desde 2020 a raíz de la propagación de la pandemia por el Covid 19, ha llevado a poner en discusión la realización de las PASO 2021, planteando tres alternativas posibles respecto de las mismas: 1) Suspenderlas por única vez (opción impulsada por la mayoría de los gobernadores del PJ, a quienes se agrega dos mandatarios provinciales opositores), 2) Posponerlas un mes (es decir, celebrar las PASO en septiembre en lugar de agosto y las elecciones generales en noviembre en lugar de octubre), o 3) Unificarlas con los comicios generales el mismo día (en una suerte de ley de lemas o doble voto simultáneo no acumulativo).

¿Quién quiere qué?

En Juntos por el Cambio prevalece la postura contraria a la suspensión de las PASO, entendiendo que se trata de una jugada del gobierno para eludir el momento de revalidación electoral, ante el temor de un resultado favorable a la oposición. Esta coalición, a nivel nacional, planteó la necesidad de “respetar la legislación electoral vigente sin alteraciones bruscas”. Si bien no existe un acuerdo generalizado al respecto, los dirigentes del espacio procuran evitar que las disidencias relativas a la cuestión generen una cuña interna.

El kirchnerismo duro y La Cámpora también se oponen a la suspensión de las PASO. El sector de Máximo Kirchner busca tener presencia en la disputa territorial, a través de la presentación de precandidaturas en todas las provincias, aumentando así su gravitación y visibilidad de cara a los comicios nacionales de 2023. Los gobernadores, por un lado, se resisten a ser desafiados en sus propios terruños y a verse obligados a negociar puestos de poder y, por otro lado, apuestan a que la ausencia de PASO facilite la fragmentación de la oferta opositora, evitando así una polarización entre oficialismo y oposición, que podría resultarles perjudicial.

Hay que señalar que una acción tan riesgosa como modificar las reglas electorales en el mismo año de las elecciones, requiere de un amplio acuerdo político, al cual suscriban la Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal y el cual sea ratificado en el Congreso Nacional. Sin embargo, los mandatarios de los dos distritos más populosos del país no adhieren a la propuesta: Axel Kicillof evita pronunciarse y Horacio Rodríguez Larreta se opone explícitamente.

Las PASO ¿ahora, nunca o por única vez?

Los argumentos a favor de la suspensión de las PASO podrían dividirse entre coyunturales (centrados en la necesidad de contener gastos monetarios y reducir riesgos sanitarios) y estructurales (basados en las falencias inherentes al sistema de PASO como tal).

Para quienes abogan por el mantenimiento de las PASO, esos argumentos no tienen suficiente peso. Frente a la cuestión económico-sanitaria, alegan que en otros países se llevaron a cabo procesos eleccionarios durante la pandemia. Incluso, habiéndose reportado un incremento de contagios tras los comicios en algunos de esos países, se insiste en que las elecciones han de celebrarse en tiempo y forma porque debe respetarse y garantizarse la duración y periodicidad de los mandatos, siendo esta una condición esencial para la legitimación del sistema democrático en su conjunto. Sin embargo, en nuestro caso, la elección está desdoblada en dos fases y las PASO constituyen sólo la primera de ellas. Se trata, a su vez, de una instancia no definitoria, que de no celebrarse no afecta las garantías de alternancia política, ni implica promover la prolongación de mandatos de facto, ni generar un vacío de poder.

En relación al aspecto estructural relativo a la utilidad del sistema de primarias en nuestro país, los datos son elocuentes: no hubo competitividad en casi el 95% de las PASO nacionales -tanto presidenciales como legislativas- transcurridas hasta la fecha (2011-2019). A esto se puede agregar que, de los 761 miembros del Congreso Nacional (641 diputados y 120 senadores) electos bajo estas reglas, sólo 5 (el 0,66%) provenían de la lista interna que obtuvo el segundo lugar en las primarias. Por lo tanto, hasta ahora, las PASO solo han servido, en la abrumadora mayoría de los casos, para refractar candidaturas previamente designadas por las estructuras partidarias, otorgando escasos espacios para la incorporación de minorías y para la compensación de derrotados internos.

De todos modos, hay quienes sostienen que cada elección es única e irrepetible y que, por lo tanto, nada invalida a priori que los partidos resuelvan -esta vez, sí-postular más de un contendiente competitivo por categoría. A lo que añaden que, en todo caso, la presentación de listas de unidad tampoco es cuestionable per sé, en tanto se trata de una alternativa prevista en la legislación actual.

Recordemos que el régimen de PASO fue incorporado en 2009, como presunto paliativo de las falencias que los partidos existentes presentaban en términos de democratización interna, en la mayoría de los cuales, las cúpulas o aparatos ejercían un control monopólico sobre las candidaturas. Para terminar con esta tendencia, se propuso que los candidatos partidarios fueran nominados mediante el voto obligatorio del electorado en su conjunto, sustituyendo así el peso de los aparatos partidarios e instaurando canales abiertos para la participación ciudadana.

Sin embargo, como las agrupaciones políticas no están obligadas a presentar competencia en las PASO (sino que son sus dirigentes quienes tienen la potestad de definir la cantidad de contendientes que se postulan en cada elección), la decisión sobre las candidaturas permanece en las mismas manos que antes de la sanción de la ley. Por lo tanto, la clave sigue siendo hacerse con la lapicera para la confección de las listas. En este contexto, formar parte de una lista de unidad abarcativa es una opción de última ratio para aquellos que no cuentan con condiciones seguras de imponerse en internas competitivas y terminan negociando cargos expectables en distintos niveles del sistema político.

Volvamos a la coyuntura actual y a los intereses concretos de los actores involucrados en las PASO 2021. Recordemos que cada dos años, diversos contendientes entran en el juego electoral y despliegan tácticas superpuestas y entrecruzadas en las distintas arenas (nacional, provincial, local) en las que participan. El impacto que esta disputa posee en la estrategia conjunta del partido varía en función del tipo de elección en cuestión (presidencial o legislativa de medio término) y de la normativa provincial vigente en cada distrito (con o sin PASO, con calendario concurrente o desdoblado). Hasta ahora, la presentación de competencia interna ha sido más frecuente en el nivel provincial y/o local que en el nacional, operando, o bien como una vía de acumulación de apoyos o, alternativamente, como un factor de desavenencia entre socios disímiles en cuanto a sus cuotas de poder territorial. La primera opción -más inusual- es más factible en los casos de simultaneidad entre PASO presidenciales y locales, cuando hay un agrupamiento político en auge, con una figura que aglutina desde arriba, en el cual la presentación de distintas listas “colgadas” de la principal posibilita “traccionar desde abajo” y sumar a la cosecha conjunta (lo que sucedió con el kirchnerismo en 2011). En las elecciones 2021, el escenario político es completamente diferente: no hay ni un cargo nacional en juego ni un agrupamiento en auge ni una figura unificadora capaz de cementar a los subsectores en disputa. Por lo tanto, la competencia interna, en este caso, no haría más que exacerbar la riña faccional.

Por otro lado, por más que sean los oficialismos provinciales los que claman por la suspensión de las PASO, lo cierto es que, hasta ahora, este sistema ha otorgado mayores beneficios a oficialistas que a opositores. En efecto, los gobiernos provinciales han aprovechado la existencia de una instancia electoral extra para captar votantes utilizando recursos públicos, a través de una estrategia política desdoblada (puede citarse el ejemplo de San Luis en 2017, donde se denunció entrega de cheques y subsidios y apertura de merenderos en el período entre elecciones, en zonas donde el oficialismo había sido derrotado en las PASO).

En suma, el hecho de que la súplica por la suspensión de las PASO responda al oportunismo político de quienes quieren -una vez más- alterar las reglas de juego en beneficio propio, no debe hacernos creer que su mantenimiento es un acto de rectitud institucional y buen comportamiento cívico. Por el contrario, vemos que desde que se aplican las PASO ha habido todo tipo de facilidades para quebrar su espíritu originario, esquivar su objetivo específico y permitir que los actores con poder las utilizaran a su merced. En consecuencia, podrá suspenderse, eliminarse o modificarse la ley, pero la trampa ya está tendida de antemano.

*Doctora  en Ciencia Política. Investigadora Adjunta CONICET. Directora del Grupo de Estudio de Reforma Política en América Latina (GERPAL). Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC), Facultad de Ciencias Sociales, UBA. En colaboración con la licenciada Carolina Pérez Roux: Politóloga y maestranda en Ciencia Política por la UBA. Integrante del Grupo de Estudios sobre Reforma Política en América Latina en el IEALC-UBA.