Lejos de escuchar el reclamo social, el Gobierno nacional promulgó este lunes la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero suspendió su aplicación a través del Decreto 681/2025. 

Después de que en apenas tres días, la administración libertaria vendiera más de 1.100 millones de dólares de reservas del BCRA, el Ejecutivo sostiene que "no hay plata" para financiar la Emergencia en Discapacidad y determinó que su aplicación quedará en stand by hasta tanto el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.

 La Ley N° 27.793 declara la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Entre sus medidas, crea una Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social; establece el acceso obligatorio al Programa Incluir Salud, que cubre prestaciones básicas y de alto costo; y dispone la actualización mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

Además, establece compensaciones económicas de emergencia a prestadores y  eximiciones parciales de contribuciones patronales por tres años para empleadores que contraten personas con discapacidad por tiempo indeterminado.

Según el decreto, la implementación total de la ley demandaría más de 3 billones de pesos, lo que equivale al 0,35 % del Producto Bruto Interno. 

Luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial a la ley, el Gobierno de Javier Milei justificó la suspensión de la norma en la falta de financiamiento específico previsto en la legislación y “la insuficiencia del crédito presupuestario disponible”. En otras palabras, el Ejecutivo vuelve a decir que “no hay plata”.