El jueves pasado, en la previa de la marcha de hoy ante un nuevo aniversario del golpe del 76, Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos de Derechos Humanos presentaron en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de “fortalecimiento y protección de la memoria”, que propone entre otras medidas incorporar el negacionismo como discriminatorio, dentro de las competencias del INADI. “Es en respuesta a lo que dijeron durante estos años altos funcionarios de este Gobierno”, explicó la iniciativa el diputado de Unidad Ciudadana y nieto recuperado Horacio Pietragalla, uno de los anfitriones ese día. Los organismos plantearon, además, su voluntad de que los Derechos Humanos sean “un eje de discusión” en la campaña electoral. “Seguro que va a estar en nuestra plataforma, pero la discusión electoral va a pasar por la situación económica, el día a día de la gente”, reflexionó el también dirigente de de La Cámpora en un diálogo con Diagonales que repasó, entre otros temas, la situación de los juicios de Lesa Humanidad y el vínculo de los organismos con el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla. 

¿Cómo surgió la necesidad de sumar el “negacionismo” dentro de las competencias del INADI?

-El proyecto de abuelas contempla que el INADI sea una institución que incorpore el negacionismo como discriminatorio porque este es un Gobierno cuyo presidente dijo que los derechos humanos son un “curro” y a lo largo de estos años hemos escuchado a varios funcionarios de alto rango negar que haya habido 30 mil desaparecidos. Forma parte de un paquete muy amplio que busca que la memoria, la verdad y la justicia sea una política de Estado que se sostenga en el tiempo más allá de los gobiernos de turno. 

¿Cómo se traduce ese negacionismo en las políticas públicas?

-La Secretaría de Derechos Humanos está totalmente congelada: la gente va, ficha y no hay nada más, ya no hay políticas activas. Lo mismo pasa con las leyes reparatorias: este Gobierno no reconoce los delitos de Lesa Humanidad, por eso no paga los subsidios a familiares y víctimas, todo un símbolo. Ese es un tema tabú, es difícil hacer un planteo de plata en el marco de una crisis como esta, en la que la gente no llega a fin de mes, pero está pasando y hay que visibilizarlo. Como muchas otras cosas que están pasando y quizás no tienen la difusión que se merecen, por ejemplo el enorme crecimiento desde la llegada de Cambiemos de los arrestos domiciliarios de los genocidas condenados, que hoy está en un 65 por ciento. 

En paralelo, si bien se nota un estancamiento en el avance de los juicios de acuerdo a los informes anuales de la Procuraduría de Delitos de Lesa Humanidad, sigue habiendo condenas y hubo algunas ejemplares, como las que recibieron ex directivos de Ford a fin del año pasado.

-Sí, es cierto. Eso queda en la voluntad de algunos jueces, en algunos tribunales, pero claramente no hay una línea política desde el Gobierno de que esto sea así. Además, hay un lentitud y un atraso evidentes en comparación a otros momentos en que los juicios avanzavan mucho más. 

Durante la presentación del proyecto de ley, los organismos dijeron que iban a trabajar para que “los derechos humanos sean un eje de la campaña”. ¿Lo ve posible en un escenario tan polarizado?

-Obviamente los Derechos Humanos van a estar en nuestra plataforma, pero hay que ser realistas: no creo que sea un eje en esta campaña. La gente hoy está mucho más atrás de su salario, de llegar a fin de mes, no creo que los Derechos Humanos estén entre las prioridades de su día a día, que creo que va a ser el eje real de la campaña. Pero, de todas formas, nosotros sí relacionamos la economía con nuestra lucha: un modelo económico neoliberal como este es antagónico con los Derechos Humanos. Al poder plantear un proyecto económico basado en el trabajo y el consumo interno, todos vamos a tener más derechos en el país. 

Estela y otras Abuelas y Madres han tomado posiciones cada vez más y más confrontativas a medida que avanzaba el gobierno Macri. ¿En ese punto no están representando también un posición política?

-Pasa que Estela vive en este país, es una jubilada que tiene que pagar los tarifazos. Y además es una militante de Derechos Humanos, y habla desde ese lugar sobre esta crisis que a todos nos está atravesando. 

En La Plata se fotografió con Vidal, que la convocó para inauguración del Centro de la Memoria. ¿La gobernadora tiene otra posición frente a los organismos?

-No. Abuelas tiene una política muy clara, busca gente con vida, los nietos y las nietas. Necesita del Estado para encontrarlos. Siempre fue así. Cuando tiene que enfrentarse y denunciar algo que está mal, lo hace. Pero depende del estado como regla general, por ejemplo de la tarea del Banco Genético de Datos o de la información que se tiene que pedir a las distintas instituciones por las adopciones legales o ilegales. Eso a veces la militancia no lo entiende y cuestiona relaciones o estrategias en ese sentido, pero fue así siempre. 

La presentación del proyecto se dió casi en simultáneo a la visita de Ramos Padilla a la bicameral de inteligencia. Fue curioso que, en el pedido juicio político, el Gobierno haya utilizado como uno de sus argumentos su vinculación al kirchnerismo a través de los organismos. ¿Cuál es ese vínculo real?

-Lo conocemos y respetamos mucho a Ramos Padilla, es uno de los jueces que lleva adelante la agenda de DDHH. Su padre (Juan) es un histórico juez, que por ejemplo es el que presentó el Habeas Corpus de mi papá. Sí, es una familia que siempre estuvo vinculada con los organismos. 

Este 24 de Marzo podría ser el último bajo la presidencia de Macri. ¿Cuál es balance en materia de DDHH de estos cuatro años?

-Desastrozo. Es un modelo de ajuste y represión. Si bien en los primeros años de la democracia, después del golpe, hubo años muy difíciles, con mucha represión, nos preocupa que se haya naturalizado ver camiones hidrantes y a la gendarmería en cada marcha. Macri se la pasa hablando de los Derechos Humanos en Venezuela pero acá es un desastre.