En un claro hecho de violación a la libertad de expresión y de prensa, este lunes el juez Alejandro Maraniello había prohibido difundir los audios de Karina Milei tras un pedido expreso del Gobierno Nacional en el que acusaba una "operación de inteligencia ilegal" para "desestabilizar al país". Finalmente, en las últimas horas la oposición anunció que impulsará un juicio político contra el magistrado ante el Consejo de la Magistratura por su acto de censura previa

La iniciativa fue presentada por la líder de la Coalición Cívica Elisa "Lilita" Carrió y los dirigentes Marcela Campagnoli (diputada nacional) y Hernán Reyes (legislador porteño) ante el Consejo de la Magistratura para "solicitar el juicio político al juez federal" que limitó la circulación de "cualquier chat, foto, audio y video" de la hermana del presidente Javier Milei en todo el país. Según los denunciantes, el acto implica "mal desempeño" y "eventual comisión de delito en el ejercicio de sus funciones", lo que justificaría su desplazamiento.

X de Elisa Lilita Carrió

"Los dirigentes solicitan que se disponga la apertura del proceso de remoción, se ordene su suspensión en el cargo que desempeña y se formule la acusación correspondiente. Por último, se requiere la oportuna destitución del acusado", expresó Carrió en un comunicado divulgado en redes sociales. Junto a ello, la exdiputada apuntó cinco principales fundamentos que sostienen su pedido:

  • "La decisión implica lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y en consecuencia el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública".
  • Existe "posible connivencia con el Poder Ejecutivo en la figura del secretario de Justicia de la Nación Sebastián Amerio para encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos en su contra, en trámite ante el Consejo y la Justicia Federal", en referencia a las múltiples denuncias por acoso sexual y violencia de género contra Maraniello.
  • Sobre este punto, además, pesan "denuncias por la supuesta comisión de hechos de abuso moral, sexual y violencia de género" contra el magistrado.
  • El juez habría participado "como socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC)", una entidad que "formaría parte de una supuesta red de tráfico de influencias en el Poder Judicial de la Nación".
  • Hay "irregularidades en los procesos de otorgamiento de cartas de ciudadanía argentina".