Inédito: Milei ordenó que dejen de filtrar audios de Karina y denunció "inteligencia ilegal"
El Gobierno no negó las coimas pero exigió que ya no circulen las grabaciones de la hermana del Presidente ya que pueden "desestabilizar al país". La Justicia aceptó en cuestión de minutos.
En un giro inédito en el escándalo por las presuntas coimas cobradas por Karina Milei, este lunes Javier Milei ordenó que dejen de filtrar audios de su hermana y, en lugar de investigar las acusaciones de corrupción que involucran a los altos mandos del Gobierno, denunció que una "operación de inteligencia ilegal" para "desestabilizar al país". En cuestión de minutos, la Justicia acató el pedido del Presidente y dictó una cautelar para que la información, que es de interés público y reviste gravedad institucional, no se dé a conocer.
En el país de la libertad ahora es ilegal que circulen los audios donde la hermana del Presidente de la Nación podría reconocer la corrupción en el Gobierno y el esquema de coimas que, aparentemente, terminaba con ella embolsando un "3%" por la compra de medicamentos en Discapacidad. Así lo dispuso la gestión libertaria en su hora más crítica y a días de las elecciones bonaerenses, ya que supuestamente se trata de "una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña".
"Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración: fue un ataque ilegal, planificado y dirigido", alegó el vocero Manuel Adorni, quien dio a conocer la medida. Minutos después, el portavoz anunció que la Justicia Federal acató la controversial solicitud y "ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada".
En su fugaz resolución, el Poder Judicial ordenó "el cese de difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación que sean atribuidos a Karina Milei". El fallo alcanza a medios de comunicación escritos y audiovisuales así como a redes sociales y plataformas web. La extraordinaria celeridad de los magistrados resulta casi tan llamativa como el desprecio del Gobierno por la libertad de prensa y de expresión en juego: según Adorni, "se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no de un caso de libertad de expresión".