El candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Juan Grabois, comunicó que trabaja en un proyecto que apunta a cobrar un impuesto a los más ricos. Lo novedoso de esto es que lo bautizó como “Proyecto Karina” y lo que se les cobraría sería ni más ni menos que un 3%. 

“El impuesto a las grandes fortunas fue muy acertado y tiene que ser de forma permanente”, manifestó Grabois en referencia al aporte extraordinario dispuesto en el Gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia, que en realidad fue un cargo por única vez. 

El proyecto que propone Juan Grabois plantea un gravamen extraordinario a los patrimonios más altos del país, impulsado en medio del escándalo político por los audios filtrados de Diego Spagnuolo que señalan presuntas coimas del 3% en contratos con droguerías vinculadas a Karina Milei, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ese contexto político sirve de telón de fondo para una iniciativa que busca, según su autor, redistribuir recursos hacia políticas sociales.

La propuesta establece impuestos extraordinarios sobre patrimonios altos con una escala progresiva: 3% para patrimonios que excedan los 10.000 millones de pesos; 2% para quienes posean entre 5.000 y 10.000 millones; y 1% para patrimonios superiores a 2.500 millones pero inferiores a 5.000 millones de pesos. Grabois aclaró que la medida no alcanzaría a la mayoría de la población: “Todos los que están abajo de eso, que son el 99,5% de los argentinos, no lo tienen que pagar”.

El dirigente indicó que el cálculo del aporte se haría sobre el patrimonio declarado, pero que también debería investigarse la existencia de bienes no registrados, lo que implica mecanismos de verificación patrimonial más estrictos. Para dar legitimidad y transparencia al destino de los fondos, el proyecto propone la creación de una comisión integrada por representantes de los grandes contribuyentes alcanzados por el tributo, con la misión de supervisar que los recursos se destinen a educación, salud infantil y urbanización de barrios populares.

La iniciativa se presenta como una herramienta para obtener recursos adicionales con fines redistributivos y sociales, focalizando la carga en una franja muy pequeña de patrimonios elevados. El argumento central es que una contribución temporal y extraordinaria de quienes concentran la riqueza permitiría financiar necesidades básicas y mejorar infraestructura en sectores vulnerables sin afectar a la mayoría de la población.