Luego de que el Ejecutivo Nacional convocara a sesiones extraordinarias del 23 de enero al 28 de febrero, el bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados formalizó el pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y pidió citar a los cuatro jueces. 

Firmado por Eduardo Valdés y  más de una docena de diputados oficialistas, el proyecto ingresó a la Cámara Baja del Congreso y aguarda la asignación de un número de expediente.

Además de pedir que se llame a declarar a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, también se requiere la presencia de Silvio Robles, vocero del presidente del máximo tribunal y de Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad del gobierno porteño en uso de licencia. 

De esta manera, el oficialismo quiere traer a colación los chats filtrados del funcionario porteño para intentar demostrar que existe una connivencia política entre la Corte y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Cabe señalar que los citados pueden asistir o no, su asistencia no es obligatoria. 

Por otro lado, el proyecto también pide convocar a los gobernadores que suscribieron al pedido de enjuiciamiento a la Corte que si bien fue presentado por los diputados del Frente de Todos, fue redactado por el Gobierno nacional. 

Además, quieren citar al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, entre otras decenas de testigos entre los que se incluyen “todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados”.

"El juicio político que se promueve resulta ser un proceso constitucional llevado a cabo por un órgano constitucional (el Congreso de la Nación) con una función específica y exclusiva, tal como es la de analizar la responsabilidad política de los magistrados acusados y juzgar si aún mantienen la idoneidad necesaria para continuar ejerciendo adecuadamente el cargo que detentan, y de esta forma garantizar la calidad institucional, la legitimidad y credibilidad del Poder Judicial”, reza el documento presentado por los legisladores oficialistas.

Y añade: “El proceso que se promueve tiene por finalidad proteger el principio constitucional de idoneidad –tanto técnica como ética– de los magistrados en el desempeño de su cargo, característica que debe permanecer durante todo su ejercicio y que, como tal, y atento a las causales admitidas, abarca no sólo los supuestos de mal desempeño en el ejercicio de la función, sino también aquellos desórdenes de conducta que afectan la investidura personal del magistrado y extienden la afectación a toda la magistratura judicial”.