En medio de las investigaciones por presuntos procesos de lawfare y persecución judicial, la Agencia Federal de Inteligencia presentó ante la Justicia informes sobre un software que contiene más unos 105 mil registros de escuchas telefónicas y transcripciones realizadas durante el macrismo, en muchos casos ordenados por la Corte Suprema y que nunca fueron destruidos.

La presentación fue realizada por la titular de la AFI, Cristina Caamaño, quien presentó los informes ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi, en los tribunales de Comodoro Py. Se trata de datos sobre un sistema informático que recibía interceptaciones telefónicas realizadas por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Vengo a decirle a Martínez De Giorgi que tenemos resguardadas 105.000 archivos de audios que corresponden a distintas situaciones y que no se destruyeron cuando fueron entregados a la Justicia”, explicó Caamaño en declaraciones a la prensa a su llegada a Comodoro Py 2002.

Según informaron desde el organismo, la existencia del sistema informático “Sidea” fue constatada apenas comenzó la intervención en 2019, aunque nunca fue “requerido ni analizado”, a pesar de haber sido notificada su existencia por el Juzgado de Lomas de Zamora, el mismo punto desde el cual nació la megacausa por presunto espionaje ilegal.

En tanto, desde la AFI reconocieron que parte de esas escuchas pudieron haber estado respaldadas por una orden judicial, aunque también hubo críticas por “no haber sido destruidas nunca”. “Para mí la orden tenía que venir del Presidente; el objetivo era escuchar online” como parte del “espionaje ilegal”, fueron declaraciones de la propia Caamaño.

“Si bien a primera vista las interceptaciones podrían haber sido ordenadas por los jueces, el volumen da cuenta de que no se destruían una vez entregadas a la justicia y, más grave aún, se almacenaban conversaciones que en muchos casos no eran de interés para las investigaciones (deberían haber sido destruidas)”, señala la AFI en su presentación.