En las últimas horas, la Cámara Federal de San Martín revocó la detención de Alesia Abaigar, dictada inicialmente por la jueza Sandra Arroyo Salgado, y ordenó su liberación. 

Abaigar fue acusada de participar del escrache al domicilio del diputado nacional José Luis Espert. Tras su detención, la funcionaria del Ministerio de la Mujeres y Diversidad bonaerense fue trasladada en un primer momento al penal de Ezeiza. Luego, la Justicia le otorgó la prisión domiciliaria y este lunes, finalmente, se ordenó su excarcelación.

En los considerandos, la Cámara Federal de San Martín determinó que su condición de funcionaria pública no representa ningún riesgo de fuga ni la posibilidad de entorpecer la investigación judicial.

Los camaristas Alberto Agustín Lugones y Néstor Pablo Barral consideraron que no existía una "causal obstativa razonable y concreta" para que Abaigar no estuviera en libertad mientras avanza la causa en su contra por haber colgado un pasacalles y arrojado estiércol frente al domicilio de Espert. 

Muy por el contrario, los jueces resaltaron que la funcionaria provincial colaboró con la investigación judicial y recordaron que “aportó voluntariamente la clave de desbloqueo de su teléfono celular y de su computadora personal”.

"No se advierte cuáles serían, por caso, aquellas diligencias probatorias que podrían verse frustradas o entorpecidas en caso de que la causante recupere su libertad ambulatoria", argumentaron en su fallo. 

La decisión judicial se da en medio de una fuerte campaña por la liberación de Alesia Abaigar y los otro cuatro militantes detenidos por la protesta frente a la casa del diputado libertario. La semana pasada, los diputados nacional Mariano Recalde y Vanesa Siley presentaron una denuncia por “mal desempelo en el ejercidio de sus funciones” contra Arroyo Salgado ante el Consejo de la Magistratura, por las detenciones “ilegales” y los allanamientos que ordenó la jueza a edificios públicos.

“Como máximo podría representar una contravención municipal”, consideraron los legisladores. Por su parte, la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza también acusó a la magistrada de formar parte del aparado de “persecución a la militancia política” del Gobierno nacional.