La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que el pedido de expediente sobre la causa Vialidad no altera las fechas de audiencias, por lo que el próximo martes arrancará el juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner. A través de un comunicado, el máximo tribunal. "Dicho pedido no suspende el juicio oral en trámite, ni hubo decisión alguna del Tribunal Oral en ese sentido. La medida es al solo efecto de examinar la causa que, una vez extraídas y certificadas las copias pertinentes, será devuelta al tribunal, en tiempo oportuno", aclararon.

La Corte Suprema tomará copia del expediente para luego devolverlo al Tribunal Oral Federal Número 2 lo antes posible para llegar a tiempo con las fechas estipuladas. Desde el máximo tribunal sostuvieron que el procedimiento solicitado anteayer es una dinámica "habitual" para proteger la "garantía constitucional".

Fueron los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco firmaron una resolución en la que se instruyó a su secretario penal para pedir el cuerpo principal de la causa y estudiarlo, hecho que puede retrasar el caso. Sólo el juez Carlos Rosenkrantz, en cambio, decidió no firmar el oficio.

Cabe recordar que, luego del revuelo político generado por el pedido de la Corte Suprema  analizar el expediente, el TOF 2 a cargo de Jorge Gorini aclaró que la causa seguía en pie y “el juicio no fue suspendido”. Asimismo, tras conocer el accionar del máximo tribunal, el Gobierno habló incluso de "un pacto de impunidad" para una supuesta protección a CFK. En CABA, en tanto, se produjeron cacerolazos marginales.

“El juicio tiene fecha de inicio para el martes 21 de mayo y aún no fue suspendido, con lo cual no puedo dar por hecho lo que no se hizo: el juicio al día de hoy se mantiene. Lo que sí, estoy remitiendo a pedido de la Corte Suprema la causa principal para que se resuelvan nueve recursos a instancia de presentaciones de las partes”, reiteró Gorini.

La causa es por la acusación por la presunta concesión irregular de obra pública para Santa Cruz a las empresas de Lázaro Báez durante los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Según la imputación, muchas de esas obras nunca se terminaron pero se cobraron y tenían sobreprecio.