Todo estaba preparado para que los cuatro jueces que hoy componen la Corte Suprema de Justicia dieran su voto respecto de la disputa por la coparticipación que enfrenta a la administración de Horacio Rodríguez Larreta con Casa Rosada y los gobernadores. Sin embargo, el máximo tribunal decidió finalmente posponer su resolución y generó una fuerte incertidumbre, especialmente en el gobierno porteño que esperaba hoy un fallo favorable.

El conflicto comenzó luego del traspaso de puntos de coparticipación de CABA a la provincia de Buenos Aires, dispuesto por Alberto Fernández en 2020. En ese momento, Rodríguez Larreta recurrió a la Justicia para  pedir que declare la inconstitucionalidad de la medida adoptada por Nación y el pago de una suma cercana a los 200.000 millones de pesos que compense la pérdida de recursos sufrida desde entonces.

Después de casi dos años, el jefe de Gobierno porteño esperaba anotarse una victoria judicial antes de fin de año y utilizar los fondos para anunciar una rebaja de impuestos en la previa a las elecciones de 2023. 

Pero la Corte Suprema de Justicia pospuso temporalmente su definición. Los equipos técnicos de los cuatros magistrados del tribunal habían definido que hoy se discutiría la cuestión, pero finalmente fue retirada de la agenda por decisión del presidente del cuerpo, Horacio Rosatti. 

Desde el máximo tribunal además detallaron que debido a la ausencia de Juan Carlos Maqueda durante los próximos días, recién podría expedirse durante diciembre o el próximo año. 

Días atrás, Rodríguez Larreta había asegurado que confiaba en que "la Corte se expida para defender los recursos de todos los que viven y visitas la ciudad, ante la unilateral y arbitraria decisión del Gobierno de reducir la coparticipación federal en medio de la pandemia”. 

En cambio, Casa Rosada y los gobernadores sostienen que los puntos de coparticipación que se le quitaron a la Ciudad en 2020 fue para dar marcha atrás con un decreto -que consideran ilegítimo- firmado por Mauricio Macri cuando era presidente y que elevó de 1,40 a 3,75 el porcentual que recibía CABA de coparticipación.