En su fallo más político desde su actual conformación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le regaló a Horacio Rodríguez Larreta casi un punto y medio de los fondos de coparticipación federal para su campaña presidencial del año próximo. Los Supremos le dieron la razón al Jefe de Gobierno y principal candidato opositor en su disputa con la Rosada por los recursos del traspaso de la Federal que en su momento financiaron la creación de la Policía de la Ciudad. Según una estimación preliminar de Diagonales, se trata de unos 200 mil millones de pesos para 2023.

Luego de casi dos años de disputas y negociaciones frustradas entre Nación y Ciudad, el máximo Tribunal volvió a jugar para el bando de Rodríguez Larreta —ya lo había hecho en 2021, durante la segunda ola de la pandemia, con la apertura de las escuelas— y dictó una medida cautelar para que Nación le restituya a la Ciudad el 2,95 por ciento de la coparticipación federal para financiar el costo de la Policía traspasada.

Si bien el reclamo original de la Ciudad era regresar al 3,5 por ciento previo al decreto y a la ley que recortó los fondos en 2020, el jefe de Gobierno recibe mucho más que un bono de navidad: contará con una masa de recursos extra que se añadirán a los más de 2 billones de pesos del presupuesto porteño para el año próximo, en que se juega el camino a la presidencia. Para darse una idea de la magnitud de esos fondos, los 200 mil millones que suponen el aumento de la coparticipación están muy cerca de los 228 mil millones que la Ciudad tiene previsto gastar el año próximo en todo el ítem Seguridad.

Una vez conocido el fallo, en la sede de Parque Patricios ya se preparan para anuncios proselitistas, como la baja o la eliminación del impuesto a los sellos del 2 por ciento para las compras con tarjetas de crédito en territorio porteño, medida que se comunicaría “en las próximas horas”, según comunicó el propio Rodríguez Larreta en sus redes sociales.

En el ministerio de Interior que conduce Eduardo “Wado” De Pedro, el funcionario que llevó adelante la defensa de Nación ante la Corte, tenían por delante una tarde de reuniones para tomar las próximas medidas en respuesta, según informaron a este medio. De todos modos, para la Rosada el fallo de la Corte ya era previsible hace varios meses.

UN FALLO POLÍTICO, EN CONTEXTO

El conflicto se había iniciado cuando, a mediados de 2020, el presidente Alberto Fernández decretó un recorte de los fondos coparticipables porteños del 3,5 entonces vigente al 1,4 actual, y estableció un monto fijo de transferencia automática, atada a la inflación, para el pago de los sueldos de la fuerza de Macri y Larreta, a cargo del Ministerio de Economía.

Esos recursos habían sido inmediatamente trasladados a la Provincia de Buenos Aires. La Bonaerense había iniciado en julio de 2020 un paro con movilización que tuvo ribetes desestabilizadores y cuasi golpistas, incluso patrullando de forma amenazante la Quinta de Olivos. El reclamo era salarial: los bonaerenses cobraban sueldos de miseria en comparación con los ex Federales ahora porteños. La decisión fue refrendada y ampliada en diciembre de ese año por una ley del Congreso, la 27.606, suspendida a partir de la entrada en vigencia del fallo de hoy.  

Fernández había revertido así una polémica decisión del ex presidente Mauricio Macri, quien en 2016 firmó el DNU que traspasaba la Federal al Ejecutivo porteño para la creación de la Policía de la Ciudad, con sus respectivos recursos. La norma no incluía ningún detalle concreto que justificara lo que ordenaba: aumentar los fondos coparticipables de la Ciudad del 1,4 al 3,75 por ciento. Tampoco lo hizo a través del convenio de traspaso entre ambas jurisdicciones. Ninguno de los textos incluía un sólo cálculo sobre el costo de la fuerza.

Ese sería más tarde uno de los argumentos de peso que la Nación elevaría ante la Corte en medio de la disputa. Pero los Supremos lo desconocieron deliberadamente a lo largo de las 28 páginas de su fallo, que sólo cita los números que se esgrimieron de cada lado.

A fines de 2020, la ex ministra de Economía y por entonces Secretaria de Relación con las Provincias, Silvina Battakis, había calculado que entre 2016 y 2019, la Ciudad había recibido unos 80 mil millones de pesos de más, por encima del costo de los agentes traspasados. Esa posición fue sostenida por varios de los gobernadores peronistas —unos 19 en total—, quienes en más de una ocasión le solicitaron abiertamente a la Corte que contemple en su decisión la disparidad de recursos entre la Ciudad y el resto del país.

La Corte ya adelantó su voto para 2023: le duplicó a Rodríguez Larreta los fondos por la coparticipación federal

Sin embargo, los miembros de la Corte se animaron a cuestionar en su fallo que el resto de las provincias se vieran afectadas, con el argumento de que la Ciudad tiene su propio régimen de coparticipación especial, que se deduce de los fondos específicos de Nación. “Los recursos de las provincias y sus competencias propias no se ven en absoluto involucrados, pues la cuota de la Ciudad se conforma únicamente con los fondos coparticipados de la Nación”, dicen en los considerandos.  

Larreta fue más allá y elogió el fallo como “una victoria del federalismo”. Para el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, más bien fue todo lo contrario. “Fallar a favor de Larreta significa menos recursos para las provincias y más recursos para la Ciudad más rica de la Argentina que no produce ningún bien”, tuiteó el mandatario, uno de los primeros en salir al cruce.

En la misma línea se expresó la senadora por la Provincia de Buenos Aires, Teresa García. “La Corte decidió intervenir no sólo todos los poderes, sino atacar el Federalismo Argentino. 19 provincias se opusieron, y 14 presentaron Amicus Curiae. La Corte no atendió a 14 gobernadores. Los cortesanos terminaron con la República”, dijo.

LOS ARGUMENTOS DEL FALLO

Básicamente, el fallo de los cortesanos se basa en las leyes vigentes que regulan la transferencia de funciones de la Ciudad —como la justicia o, en este caso particular, la policía— en el marco del proceso de autonomía porteña que se inició a partir del pacto de Olivos y la reforma constitucional de 1994. En ese marco, de todos modos, introduce una novedad: las decisiones del traspaso de las funciones y de los recursos “deben ser tomadas de manera conjunta por los gobiernos de ambas jurisdicciones”, dice el fallo. Lo curioso es que el acuerdo de mayor peso vigente en ese sentido es el convenio de traspaso de la Federal, firmado por Larreta y Macri en 2016, que para los supremos tiene más valor que la ley que recorta los fondos. En resumen, solamente se podría dar marcha atrás si la Ciudad renuncia a los recursos en disputa.

Además, con ese argumento, cualquier otro convenio firmado a partir de ahora entre la Ciudad y la Nación tendría la jurisprudencia necesaria para imponerse sobre cualquier norma sancionada por el Congreso, por lo que el fallo deja atado al signo político de los gobiernos por venir los recursos que recibirá la Ciudad para las funciones que se le transfieran.

El segundo argumento esgrimido por la Corte es aún más problemático, dado que se basa en “la necesidad de atenuar, durante el curso del proceso, la alteración que causan las normas impugnadas en el normal desempeño presupuestario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por consiguiente, en la calidad y cantidad de los servicios y bienes públicos que provee a su población”.

De manera insólita, los cortesanos argumentan que la ciudad con el mayor presupuesto del país se vió afectada en sus capacidades para brindar servicios. Entre las excusas que el Ejecutivo porteño esgrimió ante la Corte figuraban sus dificultades para comprar cámaras de vigilancia o completar la red de subtes, datos que con un simple googleo se demuestran falaces.

El derroche de recursos de la Ciudad fue una de las críticas internas que distintos referentes del Pro, como la propia Patricia Bullrich, le echaron en cara más de una vez durante este año al propio Larreta. Este medio dió cuenta de un gasto este año de 600 millones de pesos de las arcas públicas… para construir una cancha de Golf en Costa Salguero.

Otro de los ítems que desconoce el fallo es el financiamiento de los sueldos de los más de 6 mil agentes con que contaba la Policía Metropolitana a fines de 2016, antes de ser fusionada con la Federal, según información pública del gobierno porteño. Tampoco pone en consideración los fondos por adicionales con que financia actualmente en parte la Policía de la Ciudad, ingresos que fueron transferidos también de Nación a Ciudad en 2016. Larreta festeja: en épocas de malaria económica, se llevó el bono navideño.