Si el año 2015 parecía ser el momento de máxima exposición en su vida, tras la muerte de su exmarido, el fiscal Alberto Nisman, lo sucedido en la última semana parece indicar que todavía hay lugar en la carrera judicial para que Sandra Arroyo Salgado esté en boca de todos.

Ahora, sumándose a la avanzada oficialista contra las manifestaciones en contra de dirigentes “libertarios”, buscando alimentar una supuesta táctica de escalada de violencia por parte de La Cámpora y fantaseando teorías conspirativas

La actuación de la titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro Nro.1 de la provincia de Buenos Aires en los últimos días, por la detención arbitraria de militantes peronistas, acusados de haber puesto un pasacalle y una bolsa de caca en la puerta de la casa del diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert, superó todos los límites de la impostación.

Un hecho que no hubiera tenido más sanciones que una contravención municipal pero que terminó tomando relevancia nacional, por el apresamiento de las militantes y funcionarios kirchneristas: Alesia Abaigar, Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes.

Abaigar, la primera de la lista, es funcionaria de la Dirección de Sensibilización y Promoción de Derechos de la Provincia, afronta un cuadro grave de salud a raíz de una enfermedad autoinmune, al cual Arroyo Salgado hizo oídos sordos por varios días hasta que le otorgó prisión domiciliaria.

Excepto por el caso de Mieri, que encabeza el bloque de concejales peronistas en Quilmes y que fue trasladada el sábado a la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal, los restantes detenidos fueron liberados.

Este hecho motivó una denuncia en su contra, con pedido de juicio político, por parte de los legisladores nacionales Mariano Recalde y Vanesa Siley que la acusaron por “mal desempeño” de sus funciones.

En el Poder Ejecutivo se encuentran satisfechos por la actuación de la jueza que consiguió con su exagerada impostación marcar el ritmo de una agenda política en la que Javier Milei venía desdibujado en las últimas semanas, y apesadumbrado por el escenario económico y financiero.

Arroyo Salgado apunta directamente a lo que será el día después de la elección legislativa nacional del 27 de octubre: quiere llegar a esa fecha con la tarea cumplida y las mieles del reconocimiento del Gobierno.

SAN ISIDRO, LOS KIRCHNER, Y ALBERTO NISMAN

Cultora de una figura seria y dura, y un sostenido perfil bajo, es muy pequeña la cantidad de veces que Arroyo Salgado brindó entrevistas en su carrera judicial.

A la magistrada que el 1ero de julio cumplió 56 años no le gusta que se hable de ella en los medios de comunicación, y fuentes cercanas a la jueza indicaron a Diagonales que es “adicta al trabajo” y que “le cuesta delegar” funciones, principalmente aquellas que tienen que ver con expedientes de enorme trascendencia política.

Arroyo Salgado se había desempeñado como defensora pública, sostenía su perfil de “garantista”, cuando en el 2006 se presentó su gran oportunidad. En ese año recaló en el juzgado federal de San Isidro, uno de los más importantes de la Provincia de Buenos Aires, bajo el dedo del por entonces presidente Néstor Kirchner.

Kirchner puso su firma y con una velocidad exprés rubricó en el Boletín Oficial el decreto 713/2006, para el ascenso para Arroyo Salgado. Ya previamente estaba asegurado el apoyo en la Comisión de Acuerdos del Senado.

Con tan solo un posgrado en Derecho en la Universidad Austral, y vinculado con el Opus Dei, y unos pocos artículos publicados, Arroyo Salgado venció en la terna a candidatos de mayor trayectoria y renombre: Juan Pablo Salas, Raúl Maria Cavallini y Jorge Ariel Apolo.

La abogada se quedó con la vacante del concurso 112/05 del Consejo de la Magistratura y reemplazaba de esta manera al juez Roberto Marquevich, que había quedado en el ojo de la tormenta en medio de la luna de miel del incipiente kirchnerismo con el grupo Clarín.

El exmagistrado había sido destituido de su cargo el 8 de junio de 2004, acusado de mal desempeño. Había ordenado el 17 de diciembre de 2002, el arresto de Ernestina Herrera de Noble, en la causa por la que investigaba si Felipe y Marcela eran hijos de desaparecidos.

En esa decisión pesó también la buena sintonía del santacruceño con quien fuera la pareja de Arroyo Salgado y con quien conviviera por 17 años: el fallecido titular de la Unidad de Investigación Fiscal (UFI) AMIA Alberto Nisman. Tuvieron dos hijas y nunca se casaron.

Fue una relación marcada por la tensión, el malestar y una vida llena de ostentaciones, principalmente de un Nisman que gozaba de su facultad para disponer de más de 31 millones de pesos. Cabe destacar que el aumento de fondos desde el 2006 (año en que Arroyo Salgado se quedó con el cargo de jueza) hasta el 2015 para investigar y llegar al fondo de uno de los mayores atentados en la historia argentina fue de casi ocho veces para el presupuesto de la UFI-AMIA.   

Nisman y Arroyo se conocieron a fines de la década del ‘80, cuando ambos trabajaban en el juzgado federal de Morón, a cargo del camarista Gerardo Larrambere. Mientras Nisman ya tenía una carrera judicial en ascenso, ella era una empleada que estudiaba en la Facultad de Derecho en la UBA.

Otro actor fundamental en el ascenso de la jueza de San Isidro es el exespia de la SIDE y ahora reempoderado, al que el kirchnerismo promovió para trabajar en tándem con Nisman: Antonio “Jaime” Stiuso.

Por ese entonces, Stiuso estaba enfrentado con la cúpula de la Policía Bonaerense que respondía a Daniel Scioli y el mencionado Juan Pablo Salas, que luego fue promovido como juez federal de Morón tuvo a su cargo la causa por la muerte de Pedro Viale, conocido como El Lauchón, un agente de la Side, que reportaba directamente a Stiuso.

El servicio había sido asesinado en su casa de La Reja, en el partido de Moreno, durante un operativo de “la Bonaerense” en una causa por drogas, en una señal de alarma para Stiuso. Tener a su lado a magistrados como Salas y la propia Arroyo Salgado era un as bajo la manga para Jaime.

La jueza de San Isidro también hizo valer sus contactos en el mundo de la política nacional: había sido asesora del embajador argentino en México durante el menemismo, Jorge Yoma, en un trabajo que poco quiere que se conozca de su Curriculum. El exsenador nacional y espada de Carlos Menem en la Cámara alta presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Con el comienzo del nuevo milenio, fue secretaria de Asuntos Jurídicos durante la gestión del riojano y también aliado de Menem, Miguel Ángel Romero, que estuvo al frente de la Defensoría General de la Nación hasta su renuncia en el 2006.

Arroyo Salgado no solo retomó la causa de Felipe y Marcela Herrera de Noble, sino que también investigó la muerte del represor Héctor Febrés, que se suicidó antes de que comenzara a ser juzgado por la causa ESMA.

Otra causa polémica la tuvo como participante directa cuando en 2012 procesó sin prisión preventiva a ocho acusados en el marco de una causa por espionaje, en una supuesta asociación ilícita para espiar mails de funcionarios y comerciar sus contenidos.

Allí puso el ojo en figuras de renombre como el columnista del diario La Nación, Carlos Pagni; el exfuncionario menemista y actual SIDE Juan Bautista Tata Yofre; Héctor Guillermo Roberto Alderete, titular del sitio vinculado con los servicios de Inteligencia SEPRIN; Edgar Walter Mainhard, del sitio urgente24.com, y el periodista de Canal 26 Roberto Ángel García.

Otro punto saliente fue su orden de allanamiento de las tres sedes de la fiscalía general de San Isidro, a cargo de Julio Novo, por encubrimiento de narcotráfico.

Arroyo Salgado buscaba la conexión de los expedientes de los crímenes de Unicenter, San Fernando y General Rodríguez, con los crímenes de tráfico de efedrina, la detención del narco colombiano Mi Sangre, el lavado de dinero del narcotráfico con fideicomisos en barrios privados del Tigre y el contrabando de casi una tonelada de cocaína a España.

Por este último hecho habían sido detenidos y condenados en Barcelona los hermanos Gustavo Adolfo y Eduardo Juliá, hijos del exjefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea durante menemismo, brigadier José Antonio Juliá.

La magistrada de San Isidro también ganó protagonismo con la causa en la que quedó expuesto el exfiscal por el mismo partido bonaerense Claudio Scapolan. Se lo acusa de haber liderado, entre el 2012 y el 2015, una asociación ilícita de funcionarios judiciales que, junto a policías, se dedicaban a negociar con narcotraficantes y arreglar causas.

Con la muerte de Nisman, la expareja volvió a aparecer en el centro de la escena de la agenda pública y se convirtió en la cara visible de la teoría de que al exfiscal lo habían asesinado y que el gobierno kirchnerista estaba involucrado, pilar del discurso de la administración de Mauricio Macri.

Nisman iría al Congreso en enero del 2015 para presentar su denuncia por el presunto encubrimiento de los acusados iraníes en la causa AMIA a través de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, pero el fin de semana previo, el 18 de enero fue encontrado sin vida en su lujoso departamento de Puerto Madero. Arroyo Salgado desistió de ser querellante en la causa en diciembre del 2018.

Hoy la causa en la que se investiga el deceso del fiscal de la voladura de la mutual judía en 1994, todavía no llegó a juicio oral y nada se sabe sobre los autores intelectuales y materiales del presunto homicidio.

Durante el gobierno de la coalición CAMBIEMOS en la Provincia de Buenos Aires, Arroyo protagonizó fuertes encontronazos con la gestión de María Eugenia Vidal y la cartera de Seguridad que encabezaba Cristian Ritondo.

Directamente apuntó contra las maniobras del actual jefe del bloque de diputados del PRO y sus “vínculos políticos aceitados” que hicieron que quedara al margen del caso Scapolán y también en una causa de lavado de activos contra un representante de fútbol.

OPERACIÓN CONGRACIARSE CON LAS HUESTES LIBERTARIAS

Lejos en el tiempo parece haber quedado la etiqueta de Arroyo Salgado como jueza adepta al kirchnerismo y con imagen de “garantista”. Su actualidad la encuentra cercana a los intereses de La Libertad Avanza, en causas sensibles que pueden afectar la imagen de Javier Milei y sus funcionarios.

A pesar de que en el poder Ejecutivo no se jactan de tenerla como aliada, y hasta todo lo contrario, hay dos temas en los que tiene injerencia y que pueden tener serias consecuencias para la Casa Rosada.

Arroyo impulso el descongelamiento de la causa por millonarios sobornos de parte de la empresa SECURITAS.SA a organismos públicos. De ese mismo hilo de investigación, tomó la acusación contra el senador entrerriano destituido Edgardo Kuider, aliado del oficialismo en la Cámara alta, que también era funcionario de Energía Entre Rios S.A (ENERSA), uno de los entes sindicados por haber tomado coimas de parte de la compañía de seguridad privada.   

Kueider permanece detenido en Paraguay, junto a su secretaria Iara Guinsel, acusados de tentativa de contrabando. Ambos intentaban ingresar al país con unos 211.102 dólares, 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos argentinos que no habían declarado ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a pesar de estar obligados a hacerlo debido al elevado monto en su poder. 

La intervención de la jueza crispó al gobierno nacional que quería que el caso se mantuviera en el más estricto de los silencios, y propició que LLA y el PRO se desencontraran a la hora de votar el desafuero del legislador.

La velocidad con la que la magistrada intervino en la causa contra los militantes kirchneristas es inversamente proporcional a su papel al frente de la causa en la que Javier Milei quedó peor parado: la critpoestafa de LIBRA.

La magistrada tomó cartas en el expediente y activó algunas medidas para rastrear las billeteras electrónicas. También pidió información sobre los movimientos patrimoniales de los Milei. Su argumentación para hacerse cargo de la causa fue que la residencia presidencial de Olivos, donde Milei promovió el fraudulento token, recaía en su jurisdicción.

Sin embargo, la Cámara Federal de San Martín resolvió que la causa quedara completamente en manos de la jueza federal María Servini, y declaró incompetente a Arroyo Salgado. El pase del expediente a los tribunales de Comodoro Py se basa en que la jueza Servini ya había delegado la pesquisa en el fiscal Eduardo Taiano, quien había tomado medidas de prueba concretas antes del reclamo de la jueza de San Isidro.

Con las detenciones de la última semana por el “cacagate”, Arroyo quiso hacer las paces con los hermanos Milei. Al menos, ahora todos hablan de ella.