Finalmente, el gobierno de Mauricio Macri tuvo su deseada foto judicial, con Cristina Fernández en Comodoro Py, durante la jornada de apertura del juicio oral por la llamada causa “Vialidad”. Ese proceso, iniciado once años atrás, en el que se investigan supuestos sobreprecios en obras públicas y donde hay 13 imputados, seguirá su curso y debiera ser la prueba recolectada en todo este tiempo lo que determine la sentencia. Pero en el primer día de debate, la mirada no estuvo puesta en el expediente, sino en la pura imagen de la expresidenta sentada entre los acusados. Esa foto ya rebotó en los portales de noticias, se imprimirá en la tapa de los diarios y en los próximos días será largamente estudiada en las radios y los estudios de TV. Sin embargo, como pasa muchas veces con aquello que tanto se desea, la concreción de la escena –que fue transmitida en vivo cual culebrón– tuvo sabor a poco para el oficialismo, que esperaba mucho más de la visita de la senadora a los tribunales de Retiro. El problema, claro, no es la foto de Cristina, sino la película de la política argentina, que al gobierno le es cada vez más difícil de manejar.

Una de las muestras de este desconcierto son, justamente, las inesperadas decepciones que Cambiemos viene acumulando en la arena judicial. Ayer nomás, esa corporación parecía no tener secretos para los operadores del Poder Ejecutivo, que se movían con destreza, apostaban fuerte y siempre ganaban. Ahora, los deseos de la Casa Rosada ya no son órdenes tácitas, los favores hay que pagarlos, los precios son altos y aquella herramienta de confianza se volvió un arma de doble filo.

¿Cómo pasó esto? En lo formal, la gran inflexión fue la sorpresa de Alejo Ramos Padilla, un juez federal al margen del radar del oficialismo y sin el punto débil de la “mancha” kirchnerista con la que en el pasado el macrismo logró anular a otros magistrados díscolos. Pero, más allá de los méritos del titular del Juzgado de Dolores, hay una falencia de base en el Ejecutivo, que se reconcentró sobre los tribunales de la Capital Federal y nunca vio venir ese golpe directo que no para de causarle daño.

Al mismo tiempo, el expediente por la red de espionaje puso contra las cuerdas a otra pieza clave para la Rosada: el fiscal Carlos Stornelli, un hijo dilecto de Comodoro Py. Y cuando oficialismo salió a respaldarlo con un pedido de juicio político contra Ramos Padilla, llegó otro revés. El jury se durmió en sus propios tiempos, Stornelli se fue quedando solo en su rebeldía y el juez natural aún conserva la investigación. En toda esa secuencia, en la cual Ramos Padilla fue ratificado una y otra vez, el reclamo de Balcarce 50 se oyó fuerte y claro, pero sin obtener una respuesta. O, mejor dicho, la respuesta que llegó fue la contraria. La Cámara de Apelaciones de Mar del Plata emitió un puñado de resoluciones en las que desestimó los pedidos para correr al  magistrado, hasta que finalmente hizo lo mismo con el planteo fondo, es decir, la competencia territorial. Y si bien buscó una fórmula sinuosa –una ratificación “provisoria”– no fue para nada lo que esperaban Macri, sus operadores y sus funcionarios judiciales afines.

En paralelo, fue creciendo la desconfianza en el seno de la Corte Suprema de Justicia, otra antigua zona segura sobre la que el macrismo perdió influencia. Y aunque el máximo tribunal, que primero había propiciado la postergación del juicio oral contra Cristina, luego dio marcha atrás, el gobierno terminó pagando un alto costo –sino el mayor– por una maniobra evidente que lo expuso en sus urgencias electorales.

Nostálgicos de los viejos tiempos, la Coalición Cívica anunció que buscará incluir a Alberto Fernández, flamante precandidato a presidente, en la causa paralela que el juez  Claudio Bonadio lleva contra D’Alessio. Mariana Zuvic, parlamentaria del Mercosur, calificó a Fernández como “organizador de una asociación ilícita” dedicada a presionar a la Corte. Será la segunda acción judicial contra el compañero de fórmula de Cristina, ya que, 24 horas después de conocido el binomio, fue acusado por amenazas. Corrió por cuenta de un denunciador serial, de esos que engrosan el papeleo de los juzgados.

En un par de días, superado el “operativo foto”, ¿qué le quedará al Ejecutivo en la cuenta de los tribunales? En un balance general debiera figurar que el conflicto con la Corte sigue abierto, que la causa por la red de espionaje avanza y continúa en manos de Ramos Padilla, que el fiscal Stornelli no pasa por su mejor momento, que la AFI aún no puede explicar cómo actuaba a sus anchas un personaje tan desprolijo como Marcelo D’Alessio y que –dato conocido el mismo día en que Cristina pasó por Retiro– el abogado trucho intercambiaba mensajitos con un celular que pertenecía a la ministra Patricia Bullrich.

Sin dudas, la imagen de tu principal rival político en el banquillo de los acusados es un insumo electoral valioso, pero una foto no hace tantos milagros.