En el marco de protestas realizadas en la provincia de Jujuy, la gestión del gobernador Gerardo Morales comenzará a aplicar multas que irán de 500 mil a 2 millones de pesos contra personas que participaron de piquetes y, según el gobierno local, “cometieron un ilícito”. La medida es impulsada por el ministro de Seguridad local, Guillermo Corro, junto al Fiscal de Estado de la provincia, Miguel Rivas, y el Procurador jujeño, Sebastián Albesa.

“Se trata de hechos planificados e ilícitos, de delitos perpetrados por personas violentas, que están atacando el orden constitucional y no se trata de hechos aislados y son ejecutados y planeados por individuos violentos y organizaciones sociales y políticas”, indicó Rivas en relación a los hechos que ameritarían las multas.

“Se va a pedir el embargo a cada uno de los responsables, se les van a reclamar los daños y perjuicios producidos el estado provincial y la cifra estimada es de más de mil millones de pesos”, agregó el Fiscal de Estado local.

Según trascendió, por estos episodios ya hay unas 150 personas imputadas en Jujuy y se han sentenciado a cinco de ellas, con multas van “de los 500 mil a los 2 millones de pesos”. 

Estas medidas se dan en un pleno escenario de convulsión social en la provincia gobernada por Morales, luego de una oleada de protestas y piquetes en rechazo de la reforma constitucional que impulsó y logró aprobar el mandatario local. Asimismo, las manifestaciones confluyeron con huelgas de docentes que demandan mejoras salariales, así como también de pueblos originarios con reivindicaciones territoriales y ambientales.

Cabe recordar que uno de los puntos más conflictivos de la reforma constitucional refiere, justamente, al tratamiento de la protesta social. La reforma prohíbe de manera expresa “cortes de calles y de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia”.