Entre las fuerzas políticas que defienden el actual orden económico capitalista se configuran diversos proyectos cuyas diferencias, a riesgo de simplificar, podrían asociarse al rol que le otorgan al Estado en la intervención sobre la economía: la oposición es entre liberalización y regulación.

En el extremo derecho, los libertarianos como Javier Milei y José Luis Expert proponen la absoluta libertad de las grandes empresas para explotar fuerza de trabajo asalariada. Buscan reeditar la experiencia neoliberal de los noventa, la que estalló en 2001. Representan una versión extrema del credo liberal que promueve el mercado autorregulado, la “mano invisible”, como el mejor mecanismo de asignación de recursos económicos. A propósito del reciente Foro de Davos, OXFAM estimó que 263 millones de personas podrían llegar a la pobreza extrema para finales de 2022, por lo cual existirían en el mundo un total de 860 millones de personas en situación de pobreza extrema. En el otro polo, la riqueza de los milmillonarios aumentó más durante los veinticuatro primeros meses de la pandemia que durante los veintitrés años que transcurrieron entre 1987 y 2010.

Es evidente que el mercado autoregulado como el “mejor asignador de recursos económicos” es muy efectivo para concentrarlos en manos de la clase capitalista.La ideología liberal actual entra en el terreno de lo que Karl Marx llamó economía vulgar: justifican la concentración obscena de riqueza en manos de unos pocos en simultáneo que existe un mar de pobres. Justifica la propiedad privada como producto del esfuerzo empresario cuando en realidad es fruto de un robo originario y operado en los inicios del capitalismo (como en nuestro país ocurrió con la expropiación de la tierra a los pueblos originarios) e incrementado con el robo cotidiano del trabajo no pago a los trabajadores, que conforman la única clase social productora de riqueza gracias a la transformación de los frutos de la naturaleza.

En Juntos por el Cambio reside el mismo proyecto de libertad absoluta del capital para empobrecer a todos, pero con “buenos modales”, disimulando los fines últimos, aunque no en todos los casos: de ahí las diferencias entre halcones (Patricia Bullrich, Mauricio Macri) y palomas (Horacio Rodríguez Larreta). La experiencia cambiemita, con los CEO tomando el gobierno con el mejor equipo de los últimos cincuenta años, pasó de la promesa de “pobreza cero” a aumentar en diez puntos porcentuales la población bajo la línea de la pobreza. La prometida lluvia de inversiones gracias a la liberalización del movimiento de capitales resultó en un récord de fuga de capitales a guaridas fiscales, en mayor parte financiadas con deuda externa. Esa deuda externa, que benefició a unos pocos grandes empresarios, ahora el Frente de Todos la cargó sobre las espaldas de las mayorías trabajadoras que por décadas pagarán los compromisos que hizo Martín Guzmán con el FMI y con los lobos de Wall Street.

La visión intervencionista del Estado remite en América Latina a las teorías desarrollistas o estructuralistas que reconocían la tensión entre el centro y la periferia, o entre países dependientes y potencias imperialistas, según las diversas versiones. En sus orígenes, esas teorías propugnaban la transformación estructural de los países en favor de mayor industrialización, de una mayor complejidad de la estructura económica, aún al costo de provocar desequilibrios macroeconómicos. El resultado de la aplicación de políticas en base a esas concepciones arrojó una industrialización limitada: no logró superar el atraso en relación a las potencias ni rompió la subordinación al imperialismo. Ese “modelo” entró en crisis en los ’70 y ’80.

El neodesarrollismo actual, que reside en el Frente de Todos, es una degradación de las versiones originales: abandonó la intención de promover el cambio estructural en favor de buscar los equilibrios macroeconómicos. Así se impone la razón fiscalista: ajustar a todos para alcanzar el superávit fiscal y pagar la deuda; juntar dólares en el Banco Central aún al costo de sacrificar las divisas que se necesitan para atender las necesidades sociales o para superar la situación de estancamiento que atraviesa la economía hace una década.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su intervención de semanas atrás en Chaco reivindicó el capitalismo de Estado. El kirchnerismo obtuvo como resultado de sus tres gestiones una economía más primarizada. La falta de políticas industrialistas que Matías Kulfas le criticó a Cristina Fernández de Kirchner en el libro Los tres kirchnerismos, es la política actual del albertismo. Mientras tanto, la intervención del Estado albertista mejoró de manera fabulosa las condiciones para la realización de ganancias empresarias, aumentó la tasa de explotación de la clase trabajadora y empujó a que la pobreza se establezca en un nuevo nivel, incluso más alto que el heredado del macrismo.

La diferencia en la concepción sobre el rol del Estado que expresan las diversas coaliciones no implica diferencias sustanciales en la concepción de desarrollo de la estructura económica. Todos sostienen la promoción de los mismos sectores estratégicos, mayormente extractivistas: minería, hidrocarburos; agronegocios, servicios informáticos y no mucho más. En este punto, más allá de una mayor apreciación por el mercado interno por parte del FDT, hay coincidencias con Macri que, recordemos, promovió la idea de convertir a la Argentina en el “supermercado del mundo”. En el “modelo” extractivista no hay grieta: se trata de juntar dólares con el objetivo de pagar la deuda fraudulenta a costa de poblaciones y territorios de sacrificio, a costa de destruir el ambiente. A costa de extranjerizar más los recursos naturales.

Las fuerzas políticas que defienden el sistema capitalista condujeron a la decadencia económica y social de los últimos cuarenta años. Contra toda resignación a la miseria de lo posible, la clase trabajadora es la única que puede reorganizar la economía sobre nuevas bases. Esto requiere impugnar la propiedad privada del gran capital, poner la ciencia y todos los recursos estratégicos en función de atender las necesidades sociales.